La ministra de Salud, Carmen Castillo, explicó además que durante este año -hasta la promulgación de la iniciativa y la elaboración del reglamento respectivo- se capacitarán a más profesionales para aumentar el bajo número de sólo 17 especialistas materno fetales con los que cuenta el sistema público y se adquirirá el equipamiento necesario para entregar la prestación.

69 establecimientos de salud están en condiciones de efectuar la intervención quirúrgica que requieran las mujeres que se acojan a la ley de aborto en tres causales, que ya cuenta con el visto bueno del Tribunal Constitucional.

El Ministerio de Salud estima que en enero contarán con los profesionales para implementar la ley. Se calcula que 2.500 mujeres al año se acogerán a la iniciativa.

La ministra del ramo, Carmen Castillo, explicó además que durante este año -hasta la promulgación de la iniciativa y la elaboración del reglamento respectivo- se capacitarán a más profesionales para aumentar el bajo número de sólo 17 especialistas materno fetales con los que cuenta el sistema público y se adquirirá el equipamiento necesario para entregar la prestación.

La ministra también se refirió a la denominada objeción de conciencia que los profesionales de salud y médicos, podrán usar para abstenerse de efectuar las prestaciones. Afirmó que en este caso las amenazas no sirven, en clara alusión a las advertencias hechas por el rector de la Universidad Católica, quien dijo que en las clínicas de la red UC Christus no se interrumpirán embarazos bajo ninguna causal.

Para la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, cabe la posibilidad de que el Tribunal Constitucional sugiera ampliar la objeción a las instituciones, y en ese escenario trabajarán para proteger a los objetores.

Para la presidenta del Colegio de Matronas, en tanto, Anita Román, la ley no debiera dar cabida a la objeción por instituciones, porque perjudicaría a un grupo de la población que, por ejemplo, tiene planes de salud cerrados, en el que la única alternativa es una de las clínicas de la red UC Christus.

El próximo lunes se conocerá el contenido del informe del Tribunal Constitucional con los argumentos de la sentencia y luego enviará un oficio a la presidenta Michelle Bachelet. Luego de su promulgación, el Gobierno tiene 90 días para la elaboración de los reglamentos, necesarios para la implementación y entrada en vigencia de la ley.