Dicha situación se traduce como el primer efecto de la resolución del Tribunal Constitucional en diciembre del año pasado, cuando el organismo dejó sin efecto la prohibición de la norma que establecía que los recintos de salud privados, que tuvieran convenio con el Estado, no podrían declararse objetores si contemplaban prestaciones de obstetricia y ginecología en pabellón.
El Ministerio de Salud (Minsal) autorizó que todos los recintos asistenciales de la Red de Salud UC Christus, de la Pontificia Universidad Católica, fueran reconocidos como objetores de conciencia institucional en las tres causales de la Ley de Aborto.
Dicha situación se traduce como el primer efecto de la resolución del Tribunal Constitucional en diciembre del año pasado, cuando el organismo dejó sin efecto la prohibición de la norma que establecía que los recintos de salud privados, que tuvieran convenio con el Estado, no podrían declararse objetores si contemplaban prestaciones de obstetricia y ginecología en pabellón.
Bajo esa consideración, se estableció un reglamento que formalizó la solicitud de los centros de salud a través de un formulario entregado por el Ministerio de Salud que debió remitirse a las distintas seremis de la cartera.
La abogada jefe subrogante de la Seremi de Salud de la región Metropolitana, Madelein Padilla, sostuvo que hasta la fecha sólo han sido dos instituciones las que han solicitado ser objetoras de conciencia.
El diputado del Partido Socialista y presidente de la Comisión de Salud de la Cámara, Juan Luis Castro, sostuvo que la autorización que se ha dado por parte del Ministerio de Salud es totalmente impropia ya que se extiende la facultad a personal de la atención primaria de la red de salud.
En ese sentido, el parlamentario se refirió a los efectos que tendrá dicha autorización.
La presidenta del Colegio de Matronas, Anita Román, calificó la decisión del Minsal como grave y aseguró que atenta contra la libertad de las mujeres.
En la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, estudiarán acciones dirigidas a la Contraloría General de la República manifestando sus reparos respecto de la norma que permite que los centros de salud privados puedan ser objetores de conciencia.
