La iniciativa tiene como objetivo detener las agresiones físicas que sufre el personal de salud en los diferentes establecimientos de atención. De acuerdo a cifras de la Confusam, sólo en 2018, ya han sido denunciados a la justicia 165 casos.
El Ministerio de Salud (Minsal) envió al Congreso Nacional el proyecto de ley denominado “Consultorio Seguro”, en el que buscan sancionar con penas de 541 días a tres años de cárcel a quienes agredan a funcionarios de salud en recintos de atención primaria.
El Ministerio de Salud anunció el envío de la ley “Consultorio Seguro” al Congreso Nacional para su revisión. Esta medida estuvo apoyada por la Subsecretaría de la Prevención del Delito y de la Confederación Nacional de la Salud Municipal, además de otras organizaciones ligadas al área de la salud.
La iniciativa tiene como objetivo detener las agresiones físicas que sufre el personal de salud en los diferentes establecimientos de atención. De acuerdo a cifras de la Confusam, sólo en 2018, ya han sido denunciados a la justicia 165 casos.
El subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, declaró que el proyecto de ley faculta a los directores de servicio a hacerse parte de las denuncias por agresiones en contra los trabajadores.
La presidenta de la Confusam, Gabriela Flores -que agrupa a cerca de 45 mil funcionarios de salud municipal- aseguró que en el país ha aumentado la violencia y que son los trabajadores quienes sufren las consecuencias.
La iniciativa instala la figura de maltrato de obra -hasta el momento solamente utilizada para agresiones en contra de Carabineros-, aumenta las penas en un grado, trasladando las sanciones desde el ámbito infraccionario hacia la pena de presidio efectivo y crea un registro nacional de agresores.
Quien también se refirió al tema fue Katherine Martorell, subsecretaria de Prevención del Delito, que anunció una mayor seguridad en los centros de atención primarios.
Para la realización de este proyecto de ley, se conformó una mesa de trabajo entre la Confusam, el Ministerio de Salud, la Subsecretaría de Prevención del Delito, la Asociación Chilena de Municipios y el Colegio Médico.
