El Ministerio de Salud afirmó que revisará el “caso a caso” de quienes puedan acogerse a la ley de despenalización del aborto en tres causales, antes que su reglamento esté elaborado en el plazo de 90 días dispuesto desde su promulgación.

El Ministerio de Salud de Chile afirmó que revisará el “caso a caso” de quienes puedan acogerse a la ley de despenalización del aborto en tres causales, antes que su reglamento esté elaborado en el plazo de 90 días dispuesto desde su promulgación.

De registrarse algunos episodios durante este período, afirman en la cartera, se entregará la atención médica necesaria.

Luego de la publicación en el Diario Oficial de la ley que permite la interrupción del embarazo en 3 causales, aún resta que se cumplan los 90 días comprometidos durante la promulgación el pasado 14 de septiembre, para elaborar el reglamento.

Independiente de las fechas la ley ya es una realidad, por lo que no se aplicarán sanciones ni penalizaciones en el ámbito judicial en la interrupción del embarazo bajo el argumento de las 3 causales.

La subsecretaria de Redes Asistenciales, Gisela Alarcón, aseguró que en aquellas intervenciones que se deban realizar durante el período en que existe una ausencia de normativa, la seguridad del proceso se debe garantizar, por lo que la revisión será caso a caso y se entregarán recomendaciones a los servicios de asistencia donde acudan las pacientes.

Para la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, debería existir un protocolo que aplique de manera inmediata para aquellos casos extremos que no pueden esperar hasta que la normativa entre en vigencia.

Respecto de la forma en que operarán polémicos elementos, como la objeción de conciencia institucional, el ministro de Salud subrogante, Jaime Burrows, no quiso adelantar detalles, pero aseguró que están trabajando para no dejar nada al azar.

La elaboración del marco regulatorio que permitirá la interrupción del embarazo en las 3 causales tal como estipula la ley, estará a cargo de las subsecretarías de Redes Asistenciales y Salud Pública.

A más tardar debe entrar en vigencia durante el mes de diciembre, pero según las autoridades, los esfuerzos apuntan a acortar este plazo.