La Contraloría de la República decretó iniciar este proceso al interior del ministerio debido a una serie de anomalías en la compra y utilización de 250.000 dosis de la vacuna Prevenar 13, utilizada en niños menores de un año para prevenir la neumonía.

La Nación. La Contraloría de la República de Chile ordenó iniciar un sumario administrativo al interior del Ministerio de Salud debido a una serie de irregularidades en la compra y utilización de 250.000 dosis de la vacuna Prevenar 13, utilizada en niños menores de un año para prevenir la neumonía.

Así lo consignó el diario El Mercurio, que detalló que las unidades fueron adquiridas por un total de 2 mil 689 millones de pesos (US$ 4,1 millones) al Laboratorio Pfizer mediante trato directo por ser el único proveedor de este producto.

El matutino explicó que “la Contraloría realizó una auditoría y detectó serias irregularidades en el Departamento de Vacunas e Inmunizaciones del ministerio, debido a una falta de planificación en la compra de las dosis y al retraso en la entrega de estas”.

El ente fiscalizador estableció que “el departamento no contaba con un programa de vacunación previo a la adquisición de las mismas, en el cual se estableciera el objetivo de la vacunación, población, período, responsables, la distribución de los medicamentos, entre otros aspectos relevantes, lo cual pudo favorecer la falta de planificación que determinó la administración de la vacuna en fechas próximas a su vencimiento". Por esta razón, ordenó un sumario administrativo dentro del ministerio.

La auditoría detalló que los productos biológicos "fueron puestos a disposición de los establecimientos de atención primaria solamente a partir del 16 de febrero de 2016", es decir, "a seis meses del vencimiento de las dosis respectivas, lo que ocurrió el 31 de agosto de 2016", lo que implica "una infracción a los principios de control, eficiencia y eficacia".

Además, la Contraloría encontró en septiembre pasado 769 dosis de la vacuna Prevenar 13 que estaban vencidas en la cámara de frío de la Seremi de Salud Metropolitana, equivalentes a una pérdida fiscal de 8,3 millones de pesos (US$ 12.841).

Incluso, el ente fiscalizador descubrió que algunas dosis fueron suministradas a población distinta a la prevista, como a niños mayores de un año y funcionarios públicos.