La firma española BBVA, mayoritaria accionista de la Administradora de Fondos de Pensiones BBVA Previsión, decidió plantear el arbitraje por el paso de los fondos de pensiones a la estatal Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo.

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) conformó el Tribunal que tramitará la demanda interpuesta contra Bolivia por el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), accionista mayoritario de la Administradora de Fondo de Pensiones (AFP) Previsión, por el traspaso de los fondos de pensiones a la Gestora Pública.

El búlgaro Stanimir Alexandrov es el presidente del Tribunal, en tanto que la argentina-brasileña Valeria Galíndez representa al demandante BBVA y el francés Yves Derains al Estado boliviano, según informó el portal especializado Ciar Global.

En agosto de 2018, la firma española anunció la decisión de llevar a Bolivia a un arbitraje internacional por el traspaso de los aportes de jubilación de la Administradora de Fondos de Pensiones BBVA Previsión a la estatal Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo.

El CIADI registra el arbitraje del BBVA contra Bolivia. Stanimir Alexandrov cuenta con una amplia experiencia en arbitrajes y el actual proceso en el que participará será el 69 de su carrera. En el caso de Yves Derainis, nombrada por el Estado boliviano, cuenta con nueve causas y la actual será la décima. Mientras que Valeria Galíndez tendrá su primera experiencia en un arbitraje. El despacho Freshfields Bruckhaus Deringer, de Madrid, se encarga de la defensa del BBVA.

El proceso se encuentra amparado en el documento denominado Acuerdo para la Promoción y la Protección Recíproca de Inversiones entre el Reino de España y la República de Bolivia, que fue suscrito el 29 de octubre de 2001. En sus primeras líneas establece que busca “crear condiciones favorables para las inversiones realizadas por inversores” de cada una de las partes.

Las inversiones, según el documento, de una parte en el territorio del otro contratante “no podrán ser sometidas a una nacionalización, expropiación ni a cualquiera otra medida de efectos similares (en adelante expropiación) excepto por razones de utilidad pública con arreglo al debido procedimiento legal, de manera no discriminatoria y acompañada de una indemnización pronta, adecuada y efectiva”.

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El 15 de agosto, luego de conocerse la demanda de arbitraje, el Gobierno hizo conocer que se mantiene en reserva el contenido de las conversiones como el monto que exige la firma española de indemnización debido a una cláusula de confidencialidad.

La Procuraduría señaló que la demanda fue presentada en el marco del “mecanismo complementario” del CIADI, pero que ya no aplica al “convenio CIADI” porque Bolivia se retiró de ese mecanismo de controversias.

La Gestora Pública debía arrancar funciones el 20 de marzo, sin embargo la firma SYSDE no concluyó con la consolidación del proceso de migración de los datos. Ante esta situación, se amplió por 30 meses más el plazo de operaciones.

En el país también opera la AFP Futuro de Bolivia, que deberá dejar sus funciones una vez ingrese en operaciones la Gestora estatal.