Aunque la Superintendencia de salud del país informó de estos avances, también se vio un incremento en las quejas de los usuarios del sistema público de salud.
El Superintendente Nacional de Salud de Colombia, Fabio Aristizábal Ángel, presentó un balance de la gestión del Gobierno Nacional durante el 2019, en materia de inspección vigilancia y control en el sector Salud.
Una de las buenas noticias es que tras la aplicación de la medida de “intervención forzosa para administrar” la Superintendencia Nacional está sacando a flote 10 hospitales públicos, que estaban en riesgo de cierre definitivo.
Dos de ellos, según informó el funcionario, ya están 100% recuperados y operando con todos sus servicios. Se trata del Federico Lleras Acosta de Ibagué que ya fue entregado a la Gobernación del Tolima, y el Departamental de Villavicencio que será entregado a principios del 2020 a la nueva administración.
Los otros ocho hospitales intervenidos son: el Hospital San José, de Maicao; el Universitario de Sincelejo; el Universitario del Caribe, en Cartagena; el Regional San Andrés, de Chiriguaná, Cesar; el San Andrés, de Tumaco; el Río Grande de la Magdalena, de Magangué, Bolívar; el San Jerónimo, de Montería; y el Alejandro Próspero Reverend, de Santa Marta.
"La intervención en estos 10 centros asistenciales, hasta el momento, le permite al país contar con: 98 nuevas camás para pediatría, observación y hospitalización, 14 nueva camillas para pacientes de mayor riesgo y 24 de observación de hombres; 82 nuevos consultorios y 7 salas de cirugía adicionale", señaló el funcionario.
Otros desafíos del sector salud
Aristizabal recordó que tras la intervención de 6 EPS este año cerca de 1.600.000 usuarios del sistema se vieron obligados a migrar a otras aseguradoras.
"El balance en esta materia deja a tres EPS: Comfacor, Emdisalud y Cruz Blanca en proceso de liquidación forzosa y a más de 1.300.000 usuarios asignados a otras EPS sobre las que no hay medida de vigilancia especial alguna", explicó.
Así mismo, a través de revocatorias parciales Medimás quedó por fuera de los departamentos de Chocó, Sucre y Cesar; Coomeva no siguió operando en Cundinamarca, Meta y Cauca; y Comparta en Bolívar, Cundinamarca y Huila, EPS de donde salieron más 246.000 afiliados en estos territorios, quienes fueron asignados a otras Aseguradoras.
Aristizábal Ángel indicó también que, permanece suspendido el traslado de 1.100.000 usuarios que hoy están en Saludvida, cuya liquidación se frenó por una decisión de un juzgado en Valledupar.
En este momento otras 18 EPS que se encuentran en medida especial de vigilancia y con restrucción para recibir nuevos afiliados: Comfasucre, Comfamiliar Huila, Dusakawi, Comfacundi, Convida, Capital Salud, Capresoca, Emssanar, Savia Salud, SOS, Medimás, Ambuq, Comparta, Comfamiliar Cartagena y Bolívar (en su programa de salud), Coomeva, Ecoopsos y Asmet Salud; y vigila el programa de salud de Comfachocó, que está en recuperación.
Durante el 2019 se impusieron, en primera instancia, 269 sanciones a EPS, IPS, entidades departamentales, entidades municipales, bingos y loterías y a personas naturales, que en conjunto suman más de $60.000 millones de pesos (US$17,7 millones).
El 32% de las sanciones se interpusieron por fallas en la prestación de salud (US$8,5 millones), el 57% por incumplimiento de obligaciones de información (US$6,2 millones)) y el 11% por el inadecuado flujo de recursos del sistema de salud (US$2,6 millones).
Durante este año, se han aperturado 70 investigaciones, de las cuales 14 corresponden a hechos cometidos después de divulgada la Ley 1949 de 2019.
Con los ‘dientes’ que le dio esta Ley, la Supersalud recibió este año 330 demandas contra EPS e IPS principalmente, que tienen que ver con la cobertura de los servicios de salud, la libre escogencia de EPS, la multiafiliación y la prestación de servicios no incluidos en el Plan Básico de Salud (antes POS). En total se resolvieron 356, teniendo en cuenta otras que venían de antes de la vigencia de la Ley. En cada caso la decisión se toma antes de 20 días.
Aumentaron las quejas
El Superintendente llamó la atención sobre el aumento de quejas en el sistema. Entre el 1 de enero y el 3 de diciembre los usuarios presentaron 700.985 quejas, lo que representa un incremento del 16% con respecto a 2018.
De las quejas de 2019, 248.309 implicaron riesgo de vida para los pacientes. Es decir, se aumentaron en 27,6% con respecto a 2018.
El mayor número de quejas fue por falta de oportunidad en la asignación de citas médicas especializadas (152.818), seguida por falta de oportunidad en la entrega de medicamentos, falta de oportunidad en los servicios de imagenología de segundo y tercer nivel, restricción a la libre escogencia de EPS y la demora en los traslados de pacientes.
Las EPS del régimen subsidiado que tuvieron más quejas fueron Capital Salud, Medimás, Saludvida, Savia Salud y Asmet Salud. En el régimen contributivo, las de mayores quejas fueron Medimás, Coomeva, Nueva EPS, Salud Total y Famisanar.
El Magisterio sigue teniendo el mayor número de quejas entre los vigilados de otros regímenes con 25.748.
