Antes de ayer lunes se firmó el decreto que reglamenta la producción y exportación del cannabis con fines científicos y medicinales. Ahora se busca que productos que estaban en el mercado tengan condiciones de seguridad.

El Espectador. Después de meses de espera y constantes especulaciones y polémicas, este lunes recién pasado el presidente Juan Manuel Santos, en compañía de Alejandro Gaviria, ministro de Salud, le dio el aval a uno de los decretos que más controversia han generado en 2015, el que reglamenta la siembra, producción, exportación y uso de la marihuana con fines medicinales.

Tal y como lo había anunciado Gaviria en repetidas ocasiones, la idea es crear unas condiciones de seguridad para productos que ya están en el mercado como pomadas, té, gotas o extractos, pero cuya materia prima seguía siendo ilegal. Además, de fondo hay también un propósito económico ante el aumento del mercado de este tipo de artículos internacionalmente.

“Hoy Colombia da un paso importante para ubicarse a la vanguardia en la lucha contra las enfermedades, y lo hacemos a través de un decreto que busca aprovechar las bondades del cannabis para mejorar la vida de las personas”, dijo Santos. “Aunque hay que ser claros: permitir el uso medicinal del cannabis no va en contravía de nuestros compromisos internacionales en materia de control de drogas”.

Y pese a que es cierto que el decreto hace énfasis en que de ahora en adelante en Colombia se puede sembrar cannabis únicamente para fines médicos y científicos, para algunos expertos en el tema esta decisión representa un paso enorme que hace rato debió haber dado el país. Carlos Arturo Carvajal, quien formó parte del grupo internacional de expertos de la ONU en la reducción de la demanda de drogas, lo ve así. Pero también cree que aunque es un avance, el Gobierno debe ir más allá y seguir ejemplo de países como Uruguay.

“Hay temas que siguen en el limbo y desde hace mucho tiempo requieren legislación. Por ejemplo, aún no se reconoce el papel de quienes lo usan para fines terapéuticos, que va mucho más allá de los fines medicinales. O, también, aún sigue sin reconocerse el beneficio de la marihuana con fines de sustitución y mitigación en problemas de adicción relacionados con el alcoholismo o la dependencia de cocaína y sus derivados (bazuco y crack). El paso más grande, y que aún tardará un buen tiempo, es que se garantice el derecho que tienen el 95% de los consumidores no problemáticos a que no se les estigmatice”.

Pero mientras eso se decide y el decreto les hace frente a las demandas que había anunciado el procurador Alejandro Ordóñez con antelación, por ahora el país se suma a naciones como Canadá, Países Bajos, Argentina, Brasil, Perú y Chile, donde también se regularon la producción y el comercio de marihuana para esos dos fines.

El decreto, de 16 páginas, especifica cuáles serán las reglas: licencias, mapas de los cultivos, planes, certificados, descripciones precisas, pólizas de seguros y estrictas medidas de seguridad son algunas de las condiciones que pone el Minsalud para que aquella planta, que en términos médicos resulta útil para aumentar la capacidad pulmonar, disminuir la presión intraocular en personas que tienen glaucoma, controlar los ataques epilépticos o aliviar el dolor y las náuseas de la quimioterapia, empiece a mover una industria que puede dejarle al país US$2.000 millones anuales en exportaciones.