Corte ordenó gestionar el regreso de las 122 piezas de oro que el expresidente Carlos Holguín regaló en 1892 al reino de España.
El tesoro quimbaya es una muestra orfebre compuesta por 122 piezas de oro puro que, lleno de gratitud, le regaló el presidente Carlos Holguín al reino español en 1892. Lo hizo, explicó al Congreso, “por el gran trabajo que (España) se tomó en el estudio de nuestra cuestión de límites con Venezuela y la liberalidad con que hizo todos los gastos que tal estudio requería”, a sabiendas de que era “la más completa y rica de objetos de oro que habrá en América”. Ahora, 125 años después, la orden de la Corte Constitucional es perentoria: ese tesoro, que en su concepto nunca debió salir del país, debe ser recuperado por su sobrina bisnieta, la canciller María Ángela Holguín, y el presidente Juan Manuel Santos.
El alto tribunal es tajante con su decisión, pues explica que el Gobierno debe hacer absolutamente todo lo que esté en sus manos para pedirle a España los objetos preciosos. La Corte rechazó todas las razones que le había dado la Cancillería sobre por qué no podían pedirle de regreso al país ibérico un regalo obsequiado por el propio ejecutivo un siglo atrás. “No existe —explicó la vicecanciller Patti Londoño— un mecanismo que permita a Colombia unilateralmente y de manera coercitiva obligar al Estado español a restituir las piezas que están en Madrid”. Para la Corte, no fueron más que excusas para evadir la aceptación oficial de que el expresidente Holguín cometió un garrafal error.
Para probarlo, el magistrado ponente del caso, Alberto Rojas, recopiló en un proyecto de fallo por lo menos 10 ejemplos internacionales de países que, en una situación similar a la de Colombia, les han pedido a gobiernos de todo el mundo que devuelvan piezas arqueológicas o de especial valor para sus patrimonios. Uno de los casos emblemáticos es el de Machu Picchu en Perú. Hace 100 años, varias piezas arqueológicas salieron de ese país y reposaron durante casi un siglo en la Universidad de Yale. Entre 2004 y 2014, en medio de un proceso de repatriación, el estado peruano recibió por lo menos 46 mil piezas y fragmentos arqueológicos incas, y hoy existen otros procesos para recuperar más objetos.
El magistrado Rojas fue muy puntual en recopilar los ejemplos, y también en ordenar lo que, en su opinión, debía hacer el Estado para recuperar el tesoro. Explicó que si en un año de intentos por la vía diplomática no se llegaba a ningún acuerdo, el presidente debía acudir al Comité Intergubernamental para Fomentar el Retorno de los Bienes Culturales a sus países de Origen o su restitución en Caso de Apropiación Ilícita de la Unesco. Y si con la ayuda de ellos tampoco se lograba ningún acuerdo, el mandatario debía demandar a España para regresar lo que es considerado hoy como una joya de la época precolombina y una parte fundamental e imprescindible del patrimonio cultural del país.
En Sala Plena, los magistrados modificaron la propuesta de Rojas, pues consideraron que era importante que la Corte no emitiera órdenes sin conocer el impacto que pueden tener sobre las relaciones diplomáticas del presidente. Fue así como se modificó el proyecto de fallo y los magistrados Alejandro Linares, Diana Fajardo, Antonio José Lizarazo y José Fernando Reyes acogieron los demás argumentos de Rojas, mientras que Carlos Bernal salvó su voto. En la votación de este expediente se ausentaron los magistrados Luis Guillermo Guerrero y Gloria Stella Ortiz, y Cristina Pardo se declaró impedida para esta discusión.
La decisión del alto tribunal se esperaba con ansias en el país, pues el caso llevaba cinco años de estudio en la Corte. Pero en realidad, el litigio era todavía más antiguo. Hace exactamente diez años, el abogado Felipe Rincón presentó una acción popular en contra del Gobierno pues, explicó, el expresidente Holguín había regalado el tesoro sin tener las facultades para hacerlo pues el Congreso jamás dio su aval ni hubo un debate público “para detener semejante generosidad”. Rincón explicó en su recurso jurídico que el obsequio de las 11 cuentas de collar, 8 colgantes, una corona, dos instrumentos musicales, 21 narigueras, tres recipientes, 31 orejeras, entre otros, había resultado en una enajenación ilegal de bienes nacionales.
El 4 de septiembre de 2009, el Juzgado 23 Administrativo de Bogotá le dio la razón a Rincón. El tribunal estableció que la entrega del tesoro quimbaya a España fue inconstitucional y le ordenó al Gobierno a que adelantara todas las acciones diplomáticas y administrativas para recuperar las piezas. Como era de esperarse, la Cancillería y la Presidencia se opusieron y en cuanto estudiaron el fallo y prepararon con sus mejores abogados su defensa, apelaron la decisión. Dos años después, la orden de regresar el tesoro quedó anulada porque, dijo el juez de segunda instancia, no se probó la violación de los derechos colectivos en este proceso.
Felipe Rincón, todavía convencido del daño al patrimonio cultural del país, apeló el fallo sin éxito. Luego presentó otras demandas que tampoco salieron a su favor. En 2012 resolvió que iba a intentar seguir el pleito, esta vez a través de una tutela que, precisamente, es la que acaba de resolver la Corte Constitucional, cinco años después. Fue en este alto tribunal en donde se volvió a discutir si se debía proteger este regalo del siglo pasado, o si era más importante el patrimonio colectivo de los colombianos. La segunda idea triunfó y, como lo advirtió Blanca Guerrero, experta de la Unesco, “la identidad de un país no se regala, no importa cuán alta sea la autoridad del donante”.
