La ley busca que los médicos que se especializan reciban una "remuneración justa" por su trabajo.
Los médicos que estudian para convertirse en especialistas, conocidos como residentes en el argot profesional, llevan varios años librando una dura batalla contra el sistema de salud y el sistema educativo colombiano: lograr un pago decente por el trabajo que realizan en hospitales y clínicas mientras se forman en una especialidad médica.
Mientras en países europeos, Estados Unidos, Canadá, entre muchos otros, los médicos que acceden a un cupo para especializarse reciben un pago correspondiente a su categoría profesional y en compensación por el duro trabajo que llevan a cuestas dentro de los hospitales, en Colombia sólo unos pocos reciben un auxilio del Estado. Por si fuera poco, en el caso de universidades privadas deben asumir matrículas altas.
Para revertir esta situación, y ante la falta de iniciativa del Gobierno, varias agrupaciones médicas, entre ellas la Federación Médica Colombiana, la Asociación Nacional de Internos y Residentes (Anir), la Asociación Colombiana Médica Estudiantil (Acome), la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina (Ascofame), la Asociación de Sociedades Científicas de Colombia (Ascemcol) y el Colegio Médico Colombiano, se unieron para impulsar en el Congreso de la República un proyecto de ley.
A punto de superar el último debate y ser aprobado, un mico acaba de colgarse al proyecto. En un comunicado divulgado, los promotores de la iniciativa señalan a la Asociación Colombiana de Clínica y Hospitales como la responsable de “una frase que desvirtúa el objeto del proyecto”.
“El artículo insertado dice que la regulación de la matrícula que debe pagar el residente incluirá los costos administrativos de las universidades y de las IPS (clínicas y hospitales). Es decir, se cambia una ley de remuneración del residente por una ley de financiación adicional e injusta para beneficiar a los hospitales y clínicas, que no solo han desconocido el pago legal al que tiene derecho el residente por su trabajo, sino que se han apropiado del dinero que facturan por los servicios que presta el profesional en formación”, señalaron en su comunicado.
El meollo del problema es que los hospitales y clínicas que se benefician del trabajo que hacen los más de 5.000 residentes médicos que actualmente tiene el país, y facturan al sistema de salud su trabajo, no hacen aportes para su sostenimiento más allá de alimentación y algunos gastos menores. Por otra parte, los hospitales y clínicas cobran a las Facultades de Medicina por aceptar a sus estudiantes.
“ Ser médico especialista en Colombia puede costar más de doscientos millones de pesos, en una práctica de dominación, esclavitud y explotación en donde varios actores extraen rentas sin ninguna regulación, realidad única en el mundo”, se quejaron los firmantes del comunicado y de paso citan un estudio del Hospital Universitario San Ignacio, en Bogotá, en el que se demuestra que en un año las ganancias financieras que logra la institución por el proceso docente, entre ingresos y egresos, superan los mil millones de pesos. Para ellos, esto es un argumento financiero en contra del cobro de matrículas.
“El objetivo de la ley original era cerrar ese círculo de negocio y explotación que ha menoscabado la calidad de la formación médica, debido a que únicamente los profesionales con las mejores condiciones socioeconómicas pueden acceder a una residencia”, explicaron.
El proyecto de ley que se discute en el Congreso plantea que el Estado pague una remuneración equivalente a tres salarios mínimos a cada residente. “Sin embargo, con el mico incluido por la Asociación Colombiana de Clínicas y Hospitales, y que pretende que la matrícula abarque un rubro para los gastos de las IPS, no solo se cambia el objeto de la ley, sino que se profundiza y se legaliza una injusticia, una práctica viciosa de explotación y esclavitud en pleno siglo XXI”, añadieron.
