Procuraduría, Contraloría y Defensoría pidieron también que se protegiera a los más de 4 millones de afiliados de la EPS.

Los líos para Medimás no cesan, desde que, en junio de 2017, se conociera que la empresa Prestnewco SAS había firmado un contrato de compraventa de las acciones de la EPS. Ahora, el Procurador General, Fernando Carrillo, el Contralor General, Carlos Felipe Córdoba, y el Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, alertaron este miércoles, por medio de un comunicado, sobre cambios en la composición accionaria de esta sociedad.

Estos órganos de control luego de ser informadas por parte del Gobierno sobre la venta de acciones de la propietaria de Medimás, conformaron una comisión que desde la tarde de este miércoles realiza visitas a la EPS y a la Supersalud. Entre las solicitudes está proteger a más de 4 millones de afiliados.

En meses pasados, la Procuraduría había solicitado a la Supersalud que le exigiera a los propietarios de Medimás que los procesos de cambio en la estructura de la EPS sea puesto en conocimiento.

“Nos parece preocupante que un contratista en el sector eléctrico, que evidentemente quedó mal, haya quedado al frente de la propietaria de la EPS, porque lo más importante es que las personas que tienen la responsabilidad de atender a los ciudadanos en un tema tan complejo, que requiere de tanto compromiso como la salud, no pueden tener tacha”, señaló el procurador.

Además, le solicitó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca analizar si con los cambios de la posición societaria de dicha compañía, se contrariaría la medida impartida. También, pidió “evaluar y adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la  medida cautelar ordenada el pasado 23 de enero, cuando esa corporación acogió la petición de la Procuraduría, y le ordenó a la Superintendencia Nacional de Salud abstener de autorizar el cambio de la composición accionaria de Medimás”.

 Por su parte, el defensor del pueblo aseguró que este tipo de transacciones no se pueden hacer a espaldas del país porque, según él, manejan recursos públicos.  “Cuando se aprobó el proceso de reorganización institucional por parte de la Superintendencia Nacional de Salud se evaluó cada sociedad participante de Prestnewco y se aplicó el Sarlaf  -  Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo -, porque es necesario saber quiénes están detrás del manejo de los recursos parafiscales”, añadió.

En las próximas horas, los órganos de control y el ministro de Salud, Juan Pablo Uribe, vigilarán que se cumpla la orden impartida por el Tribunal, que consiste en no hacer cambios hasta que las acciones populares en curso sean falladas.