Ministerio de Salud está a punto de firmar la resolución que obliga a las empresas farmacéuticas a revelar las transacciones que hacen a médicos, pacientes y sociedades científicas.
Las relaciones entre la industria farmacéutica, los médicos, las asociaciones de pacientes y las sociedades científicas han sido, desde hace mucho tiempo, promiscuas, tensas y también un poco turbias. Todos dependen de todos, pero al mismo tiempo preferirían que no fuera tan así. Las transacciones de obsequios, patrocinios, cursos académicos, viajes, ha derivado con frecuencia en excesos y mecanismos de presión de uno y otro lado.
En un intento por hacer más transparentes esos vínculos, el Ministerio de Salud acaba de proponer la creación de una base de datos pública a través de la cual los laboratorios farmacéuticos y la industria de dispositivos médicos revelen “las transferencias de valor” que hagan a cualquier actor del sistema.
Carolina Gómez, directora de medicamentos del Ministerio de Salud, explicó los alcances de la resolución que el Ministro de Salud podría firmar en cualquier momento luego de recibir comentarios del público.
-¿Qué es exactamente lo que propone la resolución?
-Es una resolución que crea un registro público. Es el andamiaje para que la industria farmacéutica y la de dispositivos médicos reporten cuáles son los pagos que hacen a profesionales de salud, pacientes y sociedades científicas.
-¿Cuándo comenzaría a operar el registro?
-Lo que se publicó es el primer borrador para consulta pública. Todavía no está firmado. Esto se viene discutiendo desde hace varios años. De hecho, ya varios actores lo han contemplado en sus códigos de ética. Ahora va a ser una realidad. Es una base de datos pública que sigue el modelo de lo que han hecho Estados Unidos y Francia. En vez de prohibir un montón de actividades que son difíciles de prohibir, queremos conocerlas para formular mejores políticas públicas.
-¿Fue difícil que aceptaran las casas farmacéuticas?
-Las farmacéuticas lo recibieron bien. Muchas de ellas sienten que llegó un momento en la historia de hacer transparente esto y transformar las relaciones que tienen con los médicos. Muchas sienten que están atrapadas por dinámica tradicional y no es fácil el trabajo con los médicos.
-¿Y qué han dicho los médicos hasta ahora?
-Creo que hay más miedo en médicos y sociedades científicas que en la industria. Temen que sus nombres sean públicos. El parte de tranquilidad es que aquí se aplica el habeas data. Nosotros no podríamos revelar sus nombres. Por otra parte, ellos deben dar un consentimiento informado.
-¿Y si un médico no quiere dar el consentimiento para que su nombre sea reportado?
-Es algo que aún está por resolverse. Pero lo ideal es que entonces la transferencia de valor no se podría dar.
-¿Cómo funciona todo el mecanismo?
-Creamos una base de datos, el Sistema Integral de Información de la Protección Social (Sispro). Las empresas reportan trimestralmente quién da algo, qué da y a quién se lo da. Va a ser de acceso público. Todo el mundo puede entrar respetando el habeas data.
-¿Contempla sanciones?
-Ese es un punto que no está resuelto aún. La ley 1438 estableció que debe haber sanciones por otorgar dádivas y prebendas. Estamos en el debate jurídico para definir qué es y qué no es dádiva. Pero es un punto fundamental.
-¿Cuándo se firmaría la resolución?
-El 27 de noviembre habrá una reunión de explicación y socialización abierta al público. Hasta el 1 de diciembre se reciben comentarios por escrito. Después de esto comenzarán rondas de conversaciones y dependiendo de las sugerencias haríamos un nuevo borrador acogiendo comentarios o se harían correcciones y se expediría.
