La semana pasada se reunieron en Montería, Córdoba, decanos de 49 facultades de medicina para pactar un revolcón en la formación de los médicos que necesita Colombia. Desde 1965 no se promovía un cambio tan profundo.
En julio del año pasado varias mujeres se atrevieron a mostrar las heridas que dejaron los falsos cirujanos plásticos en sus cuerpos. La mayoría de esos médicos habían realizado unos cuantos cursos en Brasil y regresado para validarse ante el Ministerio de Educación como cirujanos plásticos. El episodio, entre todas las consecuencias legales y políticas que desató, tuvo un efecto positivo y fue que terminó por convencer al Gobierno, a los gremios médicos y a las facultades de medicina de que era hora de cumplir con una tarea pendiente por varias décadas: reformar la educación médica.
Así nació lo que esta semana pasó a conocerse como el Consenso de Montería. Durante tres días, decanos de 49 de las 55 facultades de medicina del país se reunieron para analizar y discutir cómo hacer una profunda cirugía a la formación de las nuevas generaciones de médicos, desde los pregrados hasta los posgrados.
Todos son conscientes de que salir de la perpetua crisis del sistema de salud colombiano exige formar médicos con una nueva mentalidad, nuevas habilidades, otra actitud ante su profesión y valores distintos.
Las 104 propuestas
A Montería llegaron todos con un documento bajo el brazo que ya contenía 104 propuestas. Fue elaborado entre agosto de 2016 y febrero de 2017 por una comisión independiente conformada por 13 personas, entre representantes del Gobierno, los gremios médicos, hospitales y EPS, así como un estudiante de posgrado y una secretaria de salud. Del total de propuestas, 45 estaban relacionadas directamente con nuevos planteamientos curriculares y cambios dentro de las facultades de medicina. (Lea acá: Educación médica, una reforma difícil)
“Una reestructuración tan profunda de la educación médica en Colombia no se realizaba desde 1965, cuando se planteó el plan de estudios de medicina en el país”, cuenta Gustavo Adolfo Quintero, presidente de la junta directiva de Ascofame, decano de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario y quien está empeñado en que la reforma no muera en el camino. De hecho, la reunión en Montería tiene un mensaje político en el trasfondo: si el Ministerio de Salud y el de Educación no quieren avanzar en las tareas que les corresponden, ellos harán su parte, no importa lo que ocurra.
Todos conocen los problemas que los tocan directamente como educadores. Y la lista es larga. Los estudiantes de medicina, por ejemplo, pasan casi toda su carrera encerrados en hospitales de alta complejidad, aunque más del 90 % de las consultas médicas que hacen los colombianos corresponden a atención primaria. Esto provoca que al graduarse sepan enfrentar el tratamiento de un paciente renal crónico, pero queden paralizados ante una migraña.
Saben que todos sus estudiantes son formados para un mismo destino, ejercer la medicina clínica, y les cierran en las narices la posibilidad de convertirse en investigadores o expertos en salud pública. También, el énfasis en la medicina especializada, por encima de la general y familiar, es excesivo. Una lista a la que se debe añadir la enseñanza de contenidos que no tienen relevancia para las poblaciones colombianas y que se dejan por fuera las variaciones epidemiológicas de las distintas regiones y poblaciones colombianas.
Los puntos de la reforma
El primer paso, y el más importante, es que los médicos retoman el liderazgo y el poder de su propia educación con la conformación del Consejo General de Educación Médica, del que harán parte los decanos de las facultades de medicina y que tendrá como invitados permanentes al Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y la Asociación Colombiana de Universidades (Ascun).
Otro elemento central será trazar un mejor perfil y unos requisitos para el ingreso de los estudiantes de medicina. Un problema identificado en distintas evaluaciones es que quienes hoy acceden a los cupos universitarios son los estudiantes con los puntajes más altos en las Pruebas Saber, pero eso no significa que sean los más aptos para una carrera como la medicina. La idea de la reforma es que las facultades evalúen otras habilidades y valores entre las personas que ingresen a sus aulas.
También se definirá un núcleo curricular básico, de tal manera que cualquier nuevo médico en Colombia sea capaz de enfrentar ciertos problemas esenciales del país. Todos mantendrán su autonomía universitaria, pero acordarán unas capacidades mínimas entre sus egresados.
La flexibilidad en la educación médica fue otro punto de acuerdo en Montería. No todos los estudiantes de medicina se deben convertir en médicos clínicos. Existen muchos caminos para ellos, desde administradores de servicios de salud hasta investigadores en ciencias básicas. Varios puntos de la reforma apuntarán a abrirles nuevos caminos y conectar a los egresados con programas de maestría y doctorados en áreas no médicas.
El lío de los posgrados
Un punto neurálgico de la reforma tiene que ver con los posgrados o especializaciones: “residencias”, como se los conoce en el argot médico. En Colombia, a diferencia de muchos países, los médicos que acceden a un cupo para especializarse caen en una trampa mortal, porque, por un lado, deben pagar altas matrículas y, por otro, no pueden trabajar ni reciben un pago por asumir una gran parte de la carga laboral de los hospitales en que se preparan. Esto conduce a la mayoría a crisis financieras que unos solventan con préstamos o ahorros, y muchos lo hacen realizando turnos ilegales en horarios extraoficiales para conseguir el dinero que necesitan. (A los médicos residentes nadie les quiere pagar).
“La discusión aquí está concentrada en si apostamos por laboralizar o becarizar a los residentes de las especializaciones”, explicó Quintero. La mayoría de decanos se inclina por la segunda opción. Esto implicaría crear con el Gobierno un fondo de becas para que ellos reciban un estipendio y replantear los valores que hoy pagan en muchas universidades.
Luis Carlos Ortiz, director de Desarrollo y Talento Humano en Salud del Ministerio de Salud y Protección Social, reconoce que ese es un punto necesario pero crítico al mismo tiempo, por las diferentes visiones. En el Congreso de la República, por ejemplo, avanza un proyecto de ley respaldado por algunas organizaciones médicas para que los residentes reciban un salario y no paguen nada de matrícula. “El Gobierno comparte el propósito de esas iniciativas, pero la discusión es la financiación. Esperamos que sea un instrumento viable jurídica y operativamente”, responde Ortiz, quien recibió como una buena noticia el consenso entre las facultades de medicina: “Estamos a la espera de las conclusiones”.
Entre todos los frentes de trabajo, uno en el que Gobierno y médicos han avanzado un poco más y están alineados es el establecimiento de una denominación clara y unificada de las distintas especializaciones que se ofrecen en el país y esperan limitar la lista de 130 denominaciones diferentes a no más de 75, para controlar el desorden que se ha estado presentando.
Carlos Palacio, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, calificó el encuentro “como el más importante en los últimos 25 años”. Para él, uno de los retos para sacar adelante esta reforma en las universidades públicas es el financiamiento. Sin fondos para reorganizar algunas cosas será difícil concretar los compromisos. Pero sabe que la reforma es también una necesidad.
Quintero y los decanos lamentaron que el Ministerio de Educación no esté tan interesado como ellos en la reforma. “El Ministerio de Educación no nos ha parado bolas”, se queja el médico. Ni las cartas, ni las citas que han pedido, mucho menos las invitaciones a asistir a sus reuniones, han recibido respuestas positivas. “No podemos esperar más tiempo. Trataremos de sacar adelante los cambios que están en nuestras manos”.
