Las compañías tendrán que declarar cuando los montos superen los US$ 26.

Para nadie es un secreto que por años la industria farmacéutica ha financiado de distintas maneras a diferentes actores del sector salud. Médicos, funcionarios administrativos y asociaciones de pacientes han recibido “ayudas” de las compañías. Invitaciones a viajes, a comidas, a congresos internacionales y pagos por conferencias son algunas de las prácticas más frecuentes. Se trata de una compleja relación que ha generado dificultades pues suele desembocar en serios conflictos de interés. 

Desde hace cuatro años en el Ministerio de Salud ha estado cocinándose una norma para reglamentar ese viejo vínculo y esos mecanismos de financiación. El camino para concretarla no ha sido fácil. Se han publicado varios borradores y esa cartera ha recibido comentarios tanto de la industria como de ONG con aportes e ideas. Sin embargo, esa resolución está a punto de ver la luz. Aunque aún no ha sido publicada en su totalidad (al parecer eso sucederá a principios de la próxima semana), el Minsalud, a través de un comunicado, anunció la primera medida de ese documento: la creación de una aplicación en la que las farmacéuticas deberán reportar todos los pagos que hagan a los actores del sistema.

La idea es que las compañías hagan una declaración cuando los montos superen los $78 mil pesos (US$ 26), en el caso de que se trate de comidas o recordatorios, o cuando la cantidad sea equivalente a un salario mínimo ($781.242) en el caso de que se trate de otras transferencias. Las deberán reportar cuando se las hagan tanto a médicos, pacientes y sociedades científicas como a EPS y jefes de compras de hospitales. También cuando se las hagan a periodistas. 

El motivo detrás de esta medida es sencillo: en muchas ocasiones se ha demostrado que la entrega de obsequios o viajes tiene una correlación con la prescripción de medicamentos. Algunos de ellos suelen estar entre los más costosos del sistema.

“La resolución de transferencias de valor está basada en buenas prácticas internacionales que buscan revelar estas formas legítimas, pero que deben ser de conocimiento público, sobre cómo las compañías farmacéuticas se relacionan con prescriptores, investigadores y científicos. En un sistema de salud como el colombiano, en el que el 85 por ciento de los recursos son públicos, se necesitan normas de transparencia para buscar la legitimidad, la confianza, la sostenibilidad del sistema y en últimas la salud de la gente”, asegura Alejando Gaviria en el comunicado.

La aplicación web en la que se harán estos registros se desarrolló gracias al Proyecto Anticorrupción y Transparencia de la Unión Europea para Colombia, Actúe Colombia. Pese a que aún no se sabe la fecha en la que empezará a funcionar, cuando empiece a marchar cualquier ciudadano podrá consultar la base de datos y podrá hacer filtros por laboratorio, profesional o asociación de pacientes.