La procuraría colombiana advirtió al organismo regulador de sector que es necesario abrir de nuevo la etapa de concesión de la licencia, en beneficio de la pluraridad del mercado.

Bogotá. La Procuraduría General de la Nación le pidió a la Comisión Nacional de Televisión (CNTV) que aborte el actual proceso licitatorio del tercer canal de televisión y abra nuevamente la etapa de concesión de la licencia.

La delegada para la función pública, María Eugenia Carreño, dijo que la actual estructura "no cumple" con las sugerencias técnicas y económicas sugeridas por el Ministerio Público, y de ahí la advertencia sobre la necesidad de revisar todo el proyecto.

"Para nosotros, en palabras sencillas, el proyecto ha muerto. Ya quedó en unas circunstancias que impiden su continuidad. No se trata ni siquiera de un proceso en estado moribundo o en estado de coma", sentenció la funcionaria.

Señaló que no existen los elementos mencionados por los organismos de control para garantizar la selección objetiva del oferente y maximizar así los recursos del Estado destinados para este fin.

Carreño aseguró que el giro que ha tenido este proceso ha dado al traste con los intereses de promover la "pluralidad" de aspirantes a hacerse con la licitación, dentro de un concurso "transparente" y expedito de concesión.

Así mismo, indicó que la Comisión Nacional de Televisión no ha hecho una cuantificación de los eventuales riesgos que podrían derivar en un consecuente detrimento patrimonial para las arcas estatales.

María Eugenia Carreño advirtió que la CNTV tampoco ha sido clara en torno a los elementos tecnológicos de los que debe disponer el nuevo operario, pues no existe seguridad al respecto de la frecuencia y estructura a la que tendría derecho el nuevo concesionario.

"Perder es ganar", dijo la funcionaria al advertir que, si bien podría perderse mucho más tiempo del estipulado y el trabajo hasta ahora invertido en el proceso, el organismo rector de la televisión en Colombia ganaría un blindaje contra sanciones disciplinarias o incluso penales que podrían surgir de presentarse los equívocos previstos por el Ministerio Público, tras no acoger sus sugerencias.