La institución entró en la ley de quiebras, lo que provocará que unos 547 funcionarios perderán sus trabajos.

El Espectador. La enfermedad del Hospital Universitario del Valle (HUV) es compleja. La deuda a sus proveedores asciende a $280.000 millones (US$ 93,8 millones ). La calidad de su servicio se ha deteriorado. Las tensiones políticas entre los sindicatos, la administración, los trabajadores y los políticos regionales subió de temperatura. Y, ahora que la gobernadora Dilian Francisca Toro anunció que la institución entrará en la ley de quiebra (Ley 550), los pacientes han comenzado a ser redirigidos a otras instituciones locales y en sus salas tan sólo se atenderán los casos de alta complejidad.

El principal temor en este momento es el número de trabajadores que perderían su trabajo. Se estima que de las 1.045 personas que hoy hacen parte de la plantilla del hospital, unas 547 serán liquidadas. La persona a cargo de esa difícil tarea ya fue nombrada. Beatríz Gómez de Dussán se posesionó como operadora de la intevención económica.

“Se golpeó la estructura operativa del hospital pero también el servicio asistencial”, reclamó a través del diario El País de Cali Jorge Rodríguez, presidente de Sintrahospiclínicas, uno de los sindicatos del HUV.

La tarea de salvación del hospital tomará un buen tiempo. Aunque los encargados de la intervención anunciaron que en menos de cuatro meses esperan hacer los principales recortes y fijar el plan de pagos para los casi 700 acreedores, el plazo de intervención podría extenderse hasta siete años.

Dilian Francisca Toro, graduada como médica de la Universidad Libre, explicó que de $11.000 millones (US$ 36,8 millones) facturados cada mes por servicios prestados, $8.000 millones (US$ 26,8 millones) se destinan exclusivamente al pago de nómina. “De allí la importancia de hacer una cirugía de alta complejidad para salvarle la vida al centro asistencial”, dijo la gobernadora.