El Instituto de Salud Pública de la Universidad Javeriana estudió el panorama que tendrían estos gravámenes en el país.

Uno de los debates que prometía ser más álgido durante la reforma tributaria, discutida hace dos años, fue el de ponerle impuesto a las bebidas azucaradas. Bajo la idea de que se trataba de un impuesto saludable que buscaba reducir el consumo de estos productos, y con esto también reducir los problemas de salud pública que van en auge como el sobrepeso y la obesidad, el Gobierno propuso “el impuesto nacional al consumo de bebidas azucaradas”. Un monto de $300 (US$ 0,10) por litro que debía estar a cargo del importador o el productor.

Pero como bien lo trinó Alejandro Gaviria, el ministro de Salud, “en resumen ganó el lobby y perdió la salud pública”, pues la propuesta no llegó a convertirse en realidad por varios argumentos que se presentaron en el Congreso. Entre ellos, que no existían datos científicos o cifras contundentes en Colombia que indicaran que un impuesto en las bebidas azucaradas podría asociarse con la reducción de obesidad en el país.

Esta semana, sin embargo, el Instituto de Salud Pública de la Universidad Javeriana publicó un estudio que le da mucha carne al debate. Tras analizar varios datos sobre la situación nutricional de la población colombiana, así como el impacto que el cambio de precio tiene en el consumo de bebidas azucaradas, los investigadores llegaron a la conclusión que un impuesto del 24% a estos productos reduciría entre el 5 y el 10% la obesidad en estratos 1 y 2, y de 5 a 8% en los estratos arriba de tres.

La investigación, que ya fue publicada en la revista científica Social Science & Medicine, parte de tres factores primordiales obtenidos de la Encuesta Nacional de Situación Nutricional realizada en el 2010: el consumo de bebidas azucaradas, el índice de masa corporal de la población y su estrato. En total, datos de 7.140 adultos.

Cifras que, según explicó el doctor Andrés Ignacio Vecino, autor principal del estudio, fueron cruzadas con la elasticidad (la sensibilidad al precio) de las bebidas azucaradas, teniendo en cuenta la sustitución con otros productos y bebidas. Es decir, la sensibilidad que tienen las personas a su aumento de precio para decidir si consumirlas o no.

“Al igual que en investigaciones anteriores, asumimos que por cada 3500 calorías no consumidas un individuo con sobrepeso u obesidad promedio pierde una libra de peso”, explica el estudio. Así, al calcular qué tanto cada individuo dejaba de ingerir de bebidas azucaradas debido al aumento del precio, pudieron estimar la potencial pérdida de peso atribuible al impuesto por cada individuo.

La investigación plantea cuatro escenarios basados en el precio promedio de una bebida azucarada para el año 2016 ($1.104 o US$ 0,38 por cada 350 ml): una donde el impuesto sería de $0.25 pesos por milímetro (8% del precio promedio), uno de $0.50 (16%), otro de $0.75 (24%) y uno más de 1$ (32%).

“La recomendación es que el impuesto no sea menor al 24% para que, efectivamente, tenga un impacto en reducir la obesidad tanto en estratos bajos como altos”, comenta Vecino.

Aunque la tendencia de obesidad en Colombia solía apuntar a que se presentaba más en estratos medios, desde el 2017 viene cambiando y se estima que en los próximos años tendrá más impacto en estratos bajos, incrementando la presencia de enfermedades crónicas como los problemas del corazón, la diabetes, la hipertensión y el cáncer precisamente en estas poblaciones más vulnerables.

Según la Encuesta Nacional de Situación Nutricional más reciente, la del 2015, la tasa de sobrepeso es de 56%, mientras que la de obesidad está en el 19%. Además, en los últimos 10 años ambos problemas han aumentado en tasas similares a la producción de bebidas azucaradas (10%).

“El impuesto a las bebidas azucaradas y los impuestos saludables cada vez tienen un rol más fuerte en la salud pública. Y fuera de la discusión política encontramos que sí tendría sentido implementarlo desde los argumentos de la ciencia. Esta es una herramienta científica para los tomadores de decisiones, el Gobierno y el congreso”, concluye Vecino.