Embajada colombiana advierte que la iniciativa para reducir el costo de ese medicamento, clave para la leucemia mieloide crónica, toca profundos intereses comerciales que generan presiones diplomáticas.

El Espectador. El jueves 28 de abril aterrizó en los escritorios del Ministerio de Salud una carta proveniente de la embajada de Colombia en Estados Unidos. Era un misiva de un poco más de una página donde le advertían a Alejandro Gaviria, jefe de esa cartera, que su intención de someter el imatinib a una licencia obligatoria, estaba causando más de una molestia en ese país. La idea, se lee, de que ese medicamento, clave para tratar la leucemia mieloide crónica (LMC) y otros siete tipos de cáncer más, se consiguiera a un precio mucho menor que el actual, le incomodaba al Comité de Finanzas del Senado de EE.UU. Y eso le preocupaba a los funcionarios colombianos, pese a que el país hubiese pagado por ese fármaco casi US$135 millones en los últimos seis años.

En cinco párrafos le dejaban claro a Gaviria que luego de reunirse con Everert Eissenstat, staffer de ese Comité, la Embajada quedó intranquila porque para ellos regular el precio de ese fármaco, comercializado por la multinacional suiza Novartis, puede desembocar en disputas relacionadas con lo pactado en el TLC o puede crear inconvenientes en la aprobación de los recursos para la iniciativa “Paz Colombia”.

En otros términos, el paso histórico que está a punto de dar el Minsalud para sacar adelante la primera declaratoria de interés público en el país y que beneficiaría a más de tres mil pacientes con LMC, toca profundos intereses comerciales que explican las presiones diplomáticas de Estados Unidos. La carta deja claro por qué: “Einssenstat mencionó que, a pesar de que Novartis no es una empresa americana, la industria farmacéutica de EE.UU. está muy preocupada por la posibilidad de que este caso se vuelva un precedente que podría aplicarse a cualquier patente en cualquier industria, lo que según él, podría llevar a que la reputación de nuestro país en materia de respeto a los derechos de propiedad intelectual se vea menoscabada y Colombia entre a ser parte de los países que tendrían un tratamiento especial”.

Las advertencias continúan más adelante: “Einssenstat también mencionó que, si el Ministerio de Salud no corrige esta situación, la industria farmacéutica en EE.UU. y los grupos de interés relacionados podrían llegar a ser muy vocales (SIC) e interferir con otros intereses que pudiera tener Colombia en EE.UU.”

En pocas palabras, el vocero del Comité de Finanzas del Senado estadounidense cree que no hay suficientes razones para que Novartis deje de tener la exclusividad para comercializar el imatinib. No lo cree pese a que la multinacional está vendiendo ese medicamento (comercializado bajo el nombre de Glivec) a un precio muy superior del que ofrecerían los laboratorios colombianos. Antes de la multinacional se quedara con la patente, la diferencia entre sus precios y el de la industria nacional era de 198%.

“El Sr. Einssenstat considera que no hay razones suficientes que justifiquen la legalidad de una licencia compulsoria para Glivec. Por eso, en su opinión, en el caso de que esto suceda, Colombia estaría violando los derechos de propiedad intelectual de la empresa Novartis, así como el tratado de libre comercio Colombia – EE.UU, entre otros tratados”, se lee en la carta enviada por la embajada de Colombia en Estados Unidos a Gaviria y conocida por El Espectador.

Sin embargo, ya en varias ocasiones, organizaciones de la sociedad civil como Misión Salud, la Fundación Ifarma y el Centro de Información de Medicamentos de la Universidad Nacional (Cimun), quienes solicitaron en 2014 al Minsalud declarar el imatinib como de interés público, han desvirtuado los argumentos en los que se fundamentan estas amenazas. Hace unos días, de hecho, el Observatorio de la Federación Médica Colombiana, a través de un comunicado, dejó claro que Colombia tiene completa libertad para conceder una licencia obligatoria.

"El Acuerdo sobre los ADPIC (Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual) no enumera específicamente las razones que podrían invocarse para justificar las licencias obligatorias. Sin embargo, la Declaración Ministerial de Doha sobre los ADPIC y la Salud Pública confirma que los países tienen libertad para determinar los motivos para la concesión de licencias obligatorias", aseguran.

Pero esta no es la primera carta de advertencia que llega a las manos de Gaviria desde la embajada Colombia en EE.UU. Hace dos años, cuando estaba en trámite el decreto sobre los medicamentos biotecnológicos, el embajador Carlos Villegas le hizo saber las preocupaciones de la industria farmacéutica en ese país y le sugería llevar a cabo más análisis. Hoy Villegas es el ministro de Defensa. Entró a reemplazar a Juan Carlos Pinzón, quien ahora es el embajador colombiano en Estados Unidos.