De acuerdo con una investigación del departamento de sociología de la Universidad Nacional, existe un sentimiento que las políticas que ejecuta el gobierno para atender su proceso de reincorporación a la sociedad civil se están quedando cortas.
"Las políticas que ejecuta el Gobierno nacional para atender el proceso de reincorporación a la sociedad civil de las mujeres no satisfacen las verdaderas necesidades de ellas ni incluyen una atención diferenciada". Esta es una de las falencias que evidenció Estefany Rodríguez Gutiérrez, magíster en Sociología de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede Bogotá, después de realizar nueve entrevistas, cinco a excombatientes de las FARC y cuatro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en el periodo 2005-2015.
Además habló con profesionales reintegradores de la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR, hoy Agencia para la Reincorporación y la Normalización, ARN) y con personal del programa implementado por el Distrito –que en su momento también fue significativo– para conocer su perspectiva y la explicación de cómo funciona la ruta de reintegración.
Para crear e implementar políticas públicas distritales y nacionales en atención a excombatientes –pensada a 6,5 años–, la ACR diseñó y ejecutó la Política Nacional de Reintegración Social y Económica para Personas y Grupos Armados Ilegales (PRSE), una concertación con entidades nacionales e internacionales en el marco del plan nacional 2006-2010.
El programa, dirigido a personas desmovilizadas de la guerrilla y paramilitares que no han cometido delitos de lesa humanidad y quieren regresar a la vida civil, fomenta sus habilidades y competencias ciudadanas para construir su proyecto de vida mediante una ruta de atención particular frente a las necesidades del individuo desmovilizado y la comunidad receptora.
Como política de Estado, la ARN está dirigida a la reinserción económica y social de excombatientes y abarca las dimensiones de atención psicosocial, salud, educación y trabajo, entre otras.
Las dimensiones educativa y laboral buscan que las excombatientes culminen todos los niveles escolares, con el propósito de facilitarles tanto el acceso exitoso a un empleo estable como la independencia económica.
Empleos precarios
Independientemente del bando de militancia, las respuestas reflejaron que las oportunidades que se brindan en educación e inserción laboral no atienden las necesidades reales de las mujeres, y que las actividades a las cuales se vinculan corresponden a roles tradicionalmente asociados con lo femenino, empleos informales y precarios con flexibilidad de horarios.
“Una de las principales falencias que deberá mejorar la ARN es fortalecer la política pública e incluir el enfoque de género, teniendo en cuenta las voces de las personas para construir la política y saber qué es lo que ellas necesitan, qué quieren estudiar y cuáles son sus aspiraciones, y además que la atención no sea generalizada sino particular”, destaca la investigadora.
En la dimensión educativa, el programa cuenta con cursos y convenios con instituciones para terminar el bachillerato, ya que “muchas de ellas no alcanzaron a terminar ni siquiera su bachillerato al momento ingresar a los grupos armados”, comenta la investigadora.
También hay convenios con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) en programas técnicos y algunos tecnológicos, es decir que las posibilidades de acceder a una carrera universitaria son escasas; la ARN ofrece las universidades disponibles, pero en ese sentido el acompañamiento es nulo.
“Muchas de ellas quieren continuar o iniciar una carrera profesional, pero como no existen convenios, deben gestionarlo personalmente. Si quieren pagar su universidad deben hacerlo por medio de un crédito del Icetex”, comentó la magíster Rodríguez.
Y aunque al momento de trabajar como cajeras o vendedoras la ARN presta acompañamiento en el momento de la entrevista, pasados los 6,5 años la persona debe desempeñarse por su cuenta.
“Los trabajos a los cuales se vinculan las mujeres suelen ser de servicios domésticos, en restaurantes o cuidando niños y adultos mayores; son trabajos que no tienen en cuenta los roles que ellas vivieron durante su estancia en los grupos armados, algunos de orden militar”, advierte.
En este sentido, las solicitudes de las entrevistadas reflejaron que “el acompañamiento psicológico y en el ámbito productivo no es suficiente, ya que los casos se tratan de forma general cuando algunos manejan situaciones más complejas que otras; su tratamiento no puede ser el mismo y se debe seguir trabajando en mejorar las condiciones para que su reincorporación sea más efectiva”, concluye la investigadora.
FOTO: PEXELS.COM
