Sólo médicos y odontólogos especializados podrían realizar estos procedimientos. Las multas por incumplimiento de estas nuevas reglas subirían a 2.500 salarios mínimos, casi US$ 600.000.

El Espectador. Los repetidos escándalos en torno a la práctica de la cirugía plástica con fines estéticos en Colombia llevó al Gobierno a formular un proyecto de ley con el que pretende poner orden en un sector que ha dejado cientos de mujeres y hombres mutilados y con problemas de salud. Aunque aún falta lo más difícil, esquivar micos en el Congreso y lograr la aprobación, el Ministerio de Salud parece dispuesto a sacarlo adelante en esta legislatura.

El proyecto que será presentado hoy a la opinión pública contempla una serie de requisitos para los profesionales que pretendan realizar procedimientos quirúrgicos con fines estéticos, médicos y odontológicos. También a las instituciones de salud donde se lleven a cabo. Incluso establece pautas para la publicidad asociada a esta práctica.

Una de los mayores problemas hasta ahora, y que causó tantos problemas y víctimas en el país, es que no estaban claras las normas de quién podía llevar a cabo estos procedimientos. Eso abrió la puerta para que no sólo los médicos cirujanos plásticos lo hicieran sino una amplia gama de profesionales incluyendo médicos generales, enfermeras, odontólogos entre otros.

En el proyecto de ley se establece que sólo los podrán realizar los médicos y odontólogos autorizados para el ejercicio de la profesión en Colombia que cumplan, adicionalmente, con requisitos. Uno de ellos, contar con un título en especialidad quirúrgica con competencias en procedimientos quirúrgicos, otorgado por una Institución de Educación Superior autorizada según la ley colombiana. En el caso de los títulos obtenidos en el exterior se deberá contar con la convalidación del mismo ante la autoridad competente.

Los médicos y odontólogos especializados deben además inscribirse como especialista en el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud, ReTHUS, aportado sus datos de títulos académicos, ejercicio profesional y demás información que defina el Ministerio de Salud y Protección Social.

El proyecto hace una excepción para los procedimientos médicos no invasivos con fines estéticos. En este caso le permite a los médicos generales llevarlos a cabo siempre y cuando certifiquen las competencias requeridas.

Las multas por incumplir la normas de la ley, en caso de ser aprobada por el Congreso, llegarían hasta 2.500 salarios mínimos (cerca de US$ 600.000) mensuales vigentes y suspensión del ejercicio profesional hasta por un término de quince años.