Investigadores advierten que, si los casos siguen aumentando, podría desatarse el colapso financiero del sistema de salud colombiano.

Desde 2005, una epidemia viene afectando a cada vez más colombianos. Empezó como un pequeño valor que en 2016 representó la primera causa de muerte en el país: ese año, la epidemia de enfermedades cardiovasculares produjo el 53% de las muertes en Colombia. Y aunque el aumento de casos ha sido un motivo de preocupación constante, hasta ahora no había claridad sobre cuánto le costaban al país estas enfermedades.

Por eso, investigadores de la Fundación Salutia, con apoyo de la Gobernación de Risaralda, decidieron ponerle una etiqueta de precio a la epidemia de enfermedades cardiovasculares. Los resultados de su investigación acaban de publicarse en el diario Plos ONE y no muestran nada bueno.

De acuerdo con sus hallazgos, una persona que sufra un infarto agudo al miocardio le cuesta cada año al sistema de salud colombiano entre ocho y diez veces más que una persona sin esta enfermedad. Quienes sufren accidentes cardiovasculares elevan ese valor entre diez y dieciséis veces más.

Para ponerle un valor concreto al problema, cada paciente con enfermedad cardiovascular le cuesta cada año al país entre US$4.277 y US$4.846 (entre $14 millones y $16 millones) y cada persona que sufre un infarto requiere que el Estado desembolse entre US$5.816 y US$ 6.616 (entre $19 millones y $21 millones). Un paciente sin estas enfermedades cuesta, cada año, unos US$ 602. Es decir, apenas roza los $2 millones.

Norman Maldonado, uno de los investigadores principales del artículo, cuenta que para llegar a estas cifras tuvieron que alejarse de la forma como tradicionalmente se calculan los costos de las enfermedades. Usualmente, el cálculo de enfermedades se hace a través de una técnica llamada microcosteo, que implica sumar los costos de cada procedimiento, herramienta o personal necesario para atender determinada enfermedad o condición. Pero estos cálculos suelen ser inexactos y, además, no se ajustan a la forma como funciona el sistema de salud colombiano.

Maldonado explica que, en Colombia, el servicio obligatorio de salud cubre por persona, no por enfermedad. Es decir: uno no se asegura contra eventos, se asegura como persona. Además, se calcula el costo de un evento de preinfarto sin tener en cuenta si, por ejemplo, la persona tiene problemas de obesidad y ha recibido atención por problemas relacionados con azúcar en la sangre o terapias por dolor en las articulaciones relacionadas con el sobrepeso.

“Los ejercicios de microcosteo se hacen sobre bases teóricas. En teoría, son tantos insumos involucrados para la atención de un evento x o y en salud, pero otra cosa son las realidades, lo que realmente usa la parte de costeo”, puntualiza Maldonado.

Por eso, su estudio se basó en datos reales de los cobros que le hacen las EPS al Ministerio de Salud por los servicios de salud prestados durante el año. “Identificamos a quienes habían sido reportados con un diagnóstico de infarto, y miramos cuánto le costaron esas personas al sistema en un año”, explica el investigador. De estos datos sacaron el promedio.

Si los números se mantuvieran estables, planear financieramente no sería difícil. Pero, tal como ha advertido el Ministerio de Salud, los casos por enfermedades cardiovasculares siguen aumentando en el país. Solo en 2017, estas afecciones causaron 37.452 muertes. Y, de acuerdo con los datos que recogieron los investigadores, quienes compararon información de 2010 y 2012, en tan solo esos dos años los casos se dispararon 20%.

Con esa tasa de crecimiento, lo que podría pasar es grave, asegura Maldonado. “El número de casos está creciendo, lo que en últimas significa que el sostenimiento del sistema de salud va a costar diez veces más. Si esta expansión continúa como lo ha venido haciendo, el sistema de salud colombiano será totalmente insostenible”, dice.

Lo paradójico es que esta epidemia es manejable. Conocemos bastante bien sus causas y cómo combatirlas. “El tabaquismo, el sobrepeso, el sedentarismo y la hipertensión son los principales factores de riesgo que hay que atender”, dice Maldonado, uno de los investigadores principales del estudio.

¿Qué está fallando?

De acuerdo con Blanca Llorente, una de las coinvestigadoras de la Fundación Salutia, “las cifras de evolución nos demuestran que el esfuerzo de prevención no está ayudando a revertir esas tendencias”. Es decir: las medidas que han tomado los gobiernos no han sido suficientes para dar un frenazo definitivo a estas enfermedades.

Lo más grave, dice Maldonado, es que pareciera que el Gobierno no está dispuesto a darse la pelea para reducir estos factores de riesgo. El investigador señala que en todo el mundo se ha comprobado la efectividad de medidas como el aumento de impuestos al tabaco, el alcohol o los alimentos con azúcares añadidos —como las gaseosas—, que el Gobierno y el Congreso colombiano han eludido en cada reforma tributaria. “Subir los impuestos para estos productos y que sean menos accesibles a la población no es un invento nuevo, son medidas efectivas probadas”, apunta Llorente.

Pero esta no es la única salida y, de hecho, el problema tiene tantas aristas que, aun si se aplicaran estas medidas, los investigadores creen que serían insuficientes para cambiar las tendencias. Ponen el ejemplo del sedentarismo, otro de los factores de riesgo más comunes para las enfermedades cardiovasculares. Aunque el Ministerio de Salud ha realizado varias campañas promoviendo los 40 minutos de ejercicio intenso diario que son recomendables, si en las ciudades no existen espacios propicios para realizarlas, será muy difícil cumplir las metas.

En ese sentido, los investigadores aseguran que para combatir este problema creciente es necesario que las autoridades asuman una articulación poco común en Colombia, así como tomar decisiones basadas en evidencia y no réditos políticos.

“En Colombia, los tomadores de decisiones siempre tienen la excusa de que los datos que existen en temas como estos son de países cuyas condiciones son muy diferentes al contexto colombiano”, explica Maldonado, y añade que “con este tipo de estudios aportamos evidencia científica al país para que hagan políticas basadas en evidencia. El siguiente paso es que los ministerios de Hacienda y de Salud tomen decisiones guiados por estos hallazgos”.