La denominada Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dictaminará sobre casos de asesinatos, masacres, secuestros, desaparición forzada, reclutamiento de menores y abuso sexual, entre otros.

Bogotá. El tribunal que investigará, juzgará y sentenciará a los responsables de los crímenes ocurridos en más de medio siglo de conflicto armado con la antigua guerrilla de las FARC comenzó a funcionar el jueves en Colombia, con el reto de auspiciar la reconciliación de una nación profundamente dividida.

La denominada Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) fue uno de los puntos más polémicos en la negociación de cuatro años con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ahora convertidas en un partido político, y dictaminará sobre casos de asesinatos, masacres, secuestros, desaparición forzada, reclutamiento de menores y abuso sexual, entre otros.

Colombia está dividida entre quienes apoyan la llegada a la política de las FARC después de un acuerdo de paz sellado en 2016 y los sectores más conservadores, que quieren ver a los excombatientes tras las rejas por haber participado en un conflicto que dejó 220.000 muertos en cinco décadas.

“Es una jurisdicción que administrará justicia restaurativa con vocación a la reconciliación del país después de un conflicto de más de 50 años”, dijo la presidenta de la JEP, Patricia Linares.

Hasta ahora 7.916 personas, incluidos excombatientes de las FARC y efectivos de las Fuerzas Armadas, han manifestado su intención de someterse a la JEP, que contempla penas más benévolas que la justicia ordinaria. También figuran civiles y exfuncionarios del gobierno acusados de haber apoyado escuadrones paramilitares de ultraderecha.

La JEP impondrá penas restrictivas de libertad de entre cinco y ocho años a los que reconozcan su responsabilidad de manera temprana y confiesen los delitos. Quienes admitan su responsabilidad antes de la sentencia recibirán condenas de entre cinco y ocho años de privación de la libertad.

En tanto, quienes sean condenados sin asumir sus responsabilidades serán sentenciados a penas de cárcel de entre 15 y 20 años, además de trabajo comunitario.

“Empezó a funcionar la Justicia Especial para la Paz y vamos a ver ante la majestad de la justicia a los responsables y actores de esta tragedia, de esta pesadilla que sufrimos en Colombia durante las últimas cinco décadas”, dijo el alto comisionado para la paz, Rodrigo Rivera.