Por Maribel Ramírez Coronel, Periodista en temas de economía y salud para El Economista.
Actualmente, sólo la mitad de los derechohabientes mexicanos puede atenderse en el hospital cercano a su casa. La otra mitad tiene que acudir a un hospital lejano porque el que tiene cerca pertenece a una institución de la que no es derechohabiente.
No es de extrañar que la gran mayoría (84,4%) esté de acuerdo en que los hospitales públicos deberían estar abiertos a toda la población sin importar la afiliación.
Esto, de acuerdo con una encuesta del recién conformado Instituto de Investigación en Salud de la consultora PwC incluida en su último reporte anual titulado Grandes Cuestiones de la Industria de la Salud. La fragmentación del sistema de salud pública en México, donde cada institución atiende a distintos segmentos de mexicanos en función principalmente de su empleador, dificulta la planificación.
Definitivamente, superar esa fragmentación mejoraría el acceso a tratamientos hospitalarios que en México es bajo: Hay siete altas hospitalarias por cada 100 habitantes, mientras que en la OCDE el promedio es de 14, el doble.
La escasa coordinación entre la burocracia estatal y la federal es una de las razones por las que la centralización del sector salud no funciona adecuadamente. Por ejemplo, los hospitales de especialidad del IMSS, que lleva Mikel Arriola, se supone que están descentralizados y tienen juntas directivas, pero quienes toman las decisiones fundamentales —como compras y contrataciones— son las oficinas regionales.
Se dan casos como el de GIHZ, la operadora privada de un hospital de especialidad de la Secretaría de Salud, que recibe un pago fijo por servicios hospitalarios generales sin importar las tasas de ocupación de cada hospital. Y hay que decir que el nivel promedio de ocupación de dichos hospitales no es mayor a 50 por ciento. Así es. Lo paradójico es que estas instalaciones subutilizadas de la SS suelen ubicarse cerca de hospitales del IMSS saturados.
Con todo hay indicios de avance. José Alarcón y Miguel Ángel González Block, quienes presentaron el informe de PwC, se refirieron a infinidad de iniciativas innovadoras y prometedoras entre instituciones público-privadas que buscan aumentar la eficiencia del sistema sanitario, favorecer la investigación y el desarrollo de nuevas herramientas de detección y monitoreo de enfermedades y facilitar el acceso a la atención.
En el estudio se menciona el convenio de intercambio de servicios que el gobierno federal lanzó en el 2011, donde el mayor caso de éxito se da en Baja California Sur. Lo malo es que el programa va demasiado lento, pues en seis años se han firmado apenas 11 convenios estatales, según la Dirección General de Planificación y Desarrollo en Salud que lleva el doctor Malaquías López Cervantes.
Un aspecto que conforme el reporte de PwC empuja la eficiencia del IMSS e ISSSTE es en adquisición de equipo costoso. Gracias a contratos individuales de servicio integrado que incluye no sólo suministrar el equipo, sino también proveer insumos, mantenimiento y asistencia técnica.
Estos contratos podrían extenderse a grupos de hospitales pequeños de la SS para lograr economías de escala. Ello permite a los hospitales concentrarse en la atención médica y evitar tiempos muertos del equipo y gastos asociados.
El punto es que el sistema se encuentra en plena transformación, abierto a la influencia del consumidor y a iniciativas privadas y, como dice José Alarcón, socio decano de PwC México, está en un momento clave rumbo a la definición del rumbo de la industria de la salud en México.
Aquí sólo tocamos el aspecto hospitalario, pero en su informe el equipo de PwC habla de la cobertura, de la protección financiera, del combate a las enfermedades crónicas, de los nuevos modelos de atención para las comunidades y de la actualización tecnológica.
