Para la presidenta de Acesi, la Asociación que agremia a buena parte de los hospitales públicos del país, las zonas apartadas son las que tienen más dificultades.

Las próximas semanas no serán fáciles para los hospitales colombianos. A medida que crezca el número de casos de COVID-19, que este 25 marzo ascendió a 470 en el país, tendrán una mayor presión. Aunque todo depende del comportamiento de la epidemia, es posible que los hospitales públicos sean los que tengan más apuros. Víctimas de malos manejos y de los intereses políticos, con frecuencia han estado en aprietos financieros. ¿Cómo harán para sortear los días que se avecinan? ¿Están preparados? ¿Podrán enfrentar un posible colapso del sistema?.

Buscar hoy una respuesta a esos interrogantes es pararse en el terreno de la especulación. El sistema está tratando de adaptarse a medida que cambia el escenario y con el paso del tiempo sabremos si las estrategias dieron o no resultado. Sin embargo, hay algo claro: existen regiones que en caso de identificar pacientes con el virus SARS-COV-2 podrían pasar serias dificultades. Sus hospitales públicos no tienen personal suficiente ni especializado para atenderlos. Tampoco el número de camas adecuado. 

A Olga Lucía Zuluaga le preocupan, especialmente, Guainía, Guaviare, Amazonas, La Guajira y Chocó. Ella está al frente de Acesi, la Asociación que agremia a buena parte de los hospitales públicos colombianos (reúne a 450 de 14 departamentos), y espera que, al menos por ahora, el virus no llegue a esas zonas del país. De hacerlo, dice, ya hay un plan de contingencia donde será clave el rol que desempeñen las gobernaciones. Pero así como nadie tiene la verdad revelada de lo que pasará con la pandemia, también es imposible tener certeza si funcionará la estrategia en todas las IPS estatales.

-Vienen unas semanas difíciles para el sistema de salud y para los hospitales públicos. ¿Qué le inquieta?

-Tres cosas: primera, los equipos de bioseguridad porque, lastimosamente, no hay y los pocos que se consiguen lo están vendiendo tres y cuatro veces más costosos. Hay hospitales en varias partes del país donde los profesionales no cuentan con los equipos necesarios para tomar una muestra de COVID-19. Es una preocupación porque muchos profesionales están diciendo que no van si no cuentan con los equipos de bioseguridad. La segunda inquietud tiene que ver con el talento humano. En algunas instituciones, especialmente las de la costa, tienen atrasos en los pagos de esos profesionales. Necesitamos garantizarles condiciones adecuadas. y tercera, los insumos también están empezando a escasear. El Invima declaró los tapabocas como vitales no disponibles, pero no solucionó el problema porque las importaciones se demoran más de un mes.

-¿Cómo han resuelto, por ahora, la escasez de esos equipos de bioseguridad?

-Dependiendo de las regiones hemos explorado varios caminos. Hay, por ejemplo, algunas instituciones que están buscando alianzas con universidades para que produzcan ese tipo de material. La solicitud que le hemos hecho al ministerio, en el caso de los tapabocas, es que haga las importaciones directamente y haga la distribución a los diferentes prestadores. Estamos esperando que salgan decretos de emergencia social, para evaluar los recursos. 

-¿Cuál es el riesgo de que se saturen los hospitales públicos?

-Lo hay, pero ya el Ministerio está construyendo unos lineamientos de prestación de servicios donde tiene contempladas cuatro etapas. La primera es en la que estamos, donde se prestan los servicios con la capacidad instalada. Una segunda instancia, donde se presta atención con una ampliación con la capacidad instalada. Por ejemplo, las camas de consulta externa pasan a generar mayor capacidad en atención hospitalaria. Una tercera, donde hay una ampliación de la capacidad instalada que no estaba contemplada. Es decir, lo que ya hizo el Hospital Militar o lo que está haciendo el Hospital San Ignacio, que está adaptando parte de los parqueaderos con carpas especiales para atender. Y hay una cuarta etapa, a la que espero no lleguemos, en la que la capacidad hospitalaria estará totalmente copada y donde algunos hoteles, con condiciones definidas por el Ministerio, se adaptarán para prestar servicios. O en lugares como Corferias, en Bogotá, o Plaza Mayor, en Medellín, donde se pueden generar “hospitales de campaña”.

-¿Qué tan fácil ha sido coordinar esa estrategia con los directores de los hospitales públicos?

-Es complejo, porque es algo abrupto. Nadie lo esperaba. Además, hay muchos lineamientos, muchas normas que están saliendo y la sola lectura e implementación son complejas. Pero las secretarías departamentales están generando, unas más que otras, unos liderazgos que permiten esa coordinación y ese apoyo. A nivel departamental, las asociaciones estamos haciendo la tarea de generar reuniones con asociados para garantizar que haya homogeneidad en la implementación de las normas.

-En algunos territorios hay un solo hospital público y, con frecuencia, en malas condiciones. ¿Cuáles regiones preocupan?

-Las zonas apartadas son las que tienen más dificultades. Territorios como Guainía, Guaviare, Amazonas, La Guajira, Chocó y el mismo Tumaco tienen deficiencias grandes. Son regiones en las que, lastimosamente, la red pública y la red privada son bastante deficientes. Eso genera un mayor reto donde haya propagación del virus en esas zonas. Menos mal, por ahora, no hay casos de COVID-19. 

-Y en caso de que haya casos, ¿los hospitales públicos de esos territorios tienen un plan de contingencia?

-Sí. El Ministerio ya hizo un inventario de cada una de las capacidades instaladas hoy, sumado a las necesidades que se requerirían en el caso de una expansión. Y cuando hablamos de una expansión, decimos de ventiladores, insumos adicionales y de talento humano para soportar este tipo de emergencia. En primera instancia, serían los departamentos los que entrarían a suplir estas necesidades, pero en caso de que se requiera se generaría un apoyo de la nación con recurso humano.

-En términos de recurso humano, ¿cómo están los hospitales públicos?

-La situación es totalmente heterogénea. Hay unos con un recurso humano calificado y suficiente, pero en otras zonas del país este es deficitario. Y muchos de ellos dependen de médicos que están en entrenamiento. Afortunadamente, ya se hizo un inventario por parte del Ministerio, y la idea es reforzar en las medias de las necesidades que se presenten.

-¿Qué puede hacer una ciudad donde solo hay un hospital público de segundo nivel y se presentan casos complicados que requieran alta complejidad?

-Va a ocurrir lo que sucede hoy, cuando tienes, por ejemplo, un paciente con una patología cardiovascular. Hay ciudades, como Villavicencio, Meta, donde no hacen este tipo de procedimientos y entonces tienes dos caminos: si no se logra la expansión de la capacidad para ese momento, con dotación y recurso humano, tocaría remitir los pacientes con todas las condiciones y requerimientos que implica este tipo de remisiones, que son mucho más complejas a las remisiones habituales porque requieren medidas de bioseguridad para todo un equipo.

-¿Cuántas camas de cuidado intensivo tienen en hospitales públicos?

-En Colombia, en segundo nivel, hay 12 camas en unidades de cuidado intensivo pediátrico. En cuidado intensivo para adulto, hay 153 camas. Y en tercer nivel, hay 52 en cuidado intensivo pediátricas y 53 para adulto. Es decir, hay 345 para el tercer nivel y 165 para el segundo nivel. A eso habría que sumarles las expansiones que se están contemplando. 

-La disponibilidad de ventiladores para pacientes que tengan complicaciones respiratorias es un asunto que preocupa a varios...

Eso es parte de nuestros requerimientos. El tema de los ventiladores es uno de los más importantes, sobre todo cuando crezca el número de infectados. Ya el Minsalud nos alertó y están buscando la manera de traer más ventiladores para entregarlos a los hospitales. La expansión que planee cada departamento va de la mano con esto, porque no tiene sentido tener un Corferias lleno de camas si no tengo cómo garantizar la hospitalización de un paciente crítico. 

-Hace poco el Ministerio de Salud firmó un pacto por la transparencia con los gobernadores para poner fin a los malos manejos en los hospitales públicos. ¿Esta situación podría entorpecerlo?

-De hecho, quedó en “stand by”. Uno de los decretos que va a salir con todas las medidas de emergencia es una prórroga del período de los actuales gerentes. Estarán hasta el 30 de mayo en una fase inicial. Con eso se evita que estos cambios gerenciales vayan a generar un tropiezo en el proceso actual. Lo que necesitamos ahora es ser muy proactivos. Son dos meses en los que nos dedicaremos a la pandemia, que es la prioridad. Lo otro, luego se definirá de acuerdo con lo lineamientos del ministerio.

-¿Cree que ese pacto pueda poner fin a la politiquería que hay detrás de muchos hospitales públicos?

-Digamos que ayuda. No es la panacea ni la fórmula ideal, porque ese cambio se debe dar por una ley, que obligue a que la elección sea por meritocracia, donde haya una evaluación real de la hoja de vida y del conocimiento. Pero por algo se empieza. Ojalá que este pacto ayude a que en la elección de los nuevos gerentes prime la parte técnica, que se necesitará mucho más ahora que nunca, porque vienen momentos muy complicados para el sector salud.