Por Maribel Ramírez Coronel, Periodista en temas de economía y salud para El Economista.

Fue una gran noticia cuando en abril pasado Mikel Arriola, como director general del IMSS, anunció que será la primera institución en ofrecer la terapia innovadora altamente efectiva contra el virus de hepatitis C (VHC). Por donde se vea, el anuncio es positivo pues se abre la opción de cura a quienes infectados con ese virus ya padecen cirrosis o tienen el riesgo de padecerla y llevarlos a una muerte temprana.

El problema es que sólo es para pacientes de una institución cuando se trata de un problema de salud pública que trasciende las instituciones. Lo que se entiende es que el IMSS es la única que se puede dar “ese lujo” de adquirir terapias de tan elevado costo, pero entonces se reafirma el velo discriminatorio implícito con el que opera el sistema de salud mexicano donde dependiendo de dónde te toque atenderte es el nivel de ciudadano que te tocó ser, de primera o de segunda...

La pregunta es ¿cómo se inscribe esta estrategia dentro de la política nacional de salud pública? Sería de esperarse que una medida de tal magnitud sea coordinada por la Secretaría de Salud, a cargo del doctor José Narro, como rectora de la política nacional del sector. Pero no. Según el anuncio sólo será implantada en el IMSS.

Quizá fue estrategia de comunicación ir dosificando la noticia. Entre especialistas de la Fundación Mexicana para la Salud Hepática se da por hecho que el siguiente que anunciará la adquisición de la cura para hepatitis C será el Seguro Popular encabezado por Gabriel O´Shea.

Lo cierto es que entre asociaciones de pacientes hay muchas dudas en torno a cómo le hará el IMSS para aterrizar adecuadamente el programa. En primer lugar, piden claridad sobre las cifras. Se anunció que entre el 2017 y el 2018, 1,600 pacientes del IMSS con VHC recibirán la nueva terapia con alto índice curativo, lo que implica que será menos de 25% de los 7,000 pacientes que hoy reciben tratamiento con medicamentos no innovadores.

¿Quiénes integrarán el primer grupo bajo tratamiento innovador? ¿Cuándo y en qué orden se integrarán los demás? ¿Cuál es el estado del resto de los 81,000 derechohabientes que se sabe padecen la enfermedad? ¿Cuántos han estado bajo tratamiento? ¿En qué fase de la infección se encuentran? ¿Cuál es el pronóstico de personas susceptibles de recibir las nuevas terapias?

Obviamente que para ofrecerles tratamiento el IMSS debe conocer ya dónde están y en qué condiciones se encuentran. Sería muy útil que compartiera datos como la proporción de infectados con VHC por entidad federativa, las edades de mayor prevalencia, si son más hombres o mujeres, etcétera.

Todo eso se preguntan las agrupaciones Salud Derechos y Justicia y DVVIMSS, que están pidiendo claridad al Instituto sobre los criterios que definirán quiénes podrán acceder al tratamiento y en qué momento. Además, si se arranca en un mes ya deberían conocerse los ocho hospitales del Sistema de Revisión de Diagnóstico y Referencia que operarán para el programa.

Coinfección con VIH

Aparte está el hecho de que hay derechohabientes que viven simultáneamente con Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) y Hepatitis C, y sus tasas de progresión a etapas avanzadas de hepatitis son aceleradas. Aparte, la historia natural del VIH y del VHC, por el uso de tratamientos antirretrovirales y manejo de fallas al tratamiento debido a la aparición de resistencia a los medicamentos, demandan una serie de conocimientos altamente especializados que deben integrarse en los procesos de atención de la hepatitis C con medicamentos innovadores. De ahí que sea pertinente que las agrupaciones de pacientes pidan un censo general y uno particular de estos casos, así como un centro de referencia especializado para pacientes con ambas infecciones.