En el país europeo, la mutilación genital femenina está perseguida; sin embargo, cerca de 17.000 niñas corren el riesgo de sufrirla.

Asha Ismail tenía solo cinco años cuando le practicaron la mutilación genital femenina (MGF). Ocurrió en Moyale, un pueblo en la frontera entre Etiopía y Kenia. Fue su propia madre quien la acompañó a casa de su abuela, donde les esperaba una curandera. Entre las mujeres habían cavado un hoyo en el suelo de barro de la cocina para que se tumbase dentro y allí se lo hicieron, sin personal médico ni anestesia.

“Como había nacido niña, en mi comunidad no me iban a considerar limpia y pura hasta que me quitaran esa parte de mi cuerpo”, declara a Sinc Ismail, presidenta de la ONG Save a Girl Save a Generation. Su familia estaba convencida de que era lo correcto, por eso, durante años no se atrevió a hablar con ellos de las secuelas y los dolores que sufría a causa de esta agresión, que consiste en la amputación parcial o total de los órganos genitales femeninos. 

En 2001, cuando migró a España, Ismail pensaba que por fin iba a tener la oportunidad de compartir la pesada carga que arrastraba desde Kenia con especialistas. Sin embargo, su primera visita al ginecólogo no fue lo que esperaba.

"En el centro de salud nadie había visto a una mujer mutilada. Se corrió la voz y y en cuestión de minutos estaba rodeada de enfermeras que me observaban sin dirigirme la palabra mientras yo seguía abierta de piernas. Pasé vergüenza y miedo y creo que la situación hubiese sido diferente si hubiesen estado más sensibilizados", cuenta.

Según la Organización Mundial (OMS), aunque los profesionales sanitarios del mundo tienen que estar preparados para atender a mujeres y niñas con MGF, “a menudo no están suficientemente capacitados para reconocer y tratar las consecuencias negativas que ocasiona esta práctica sobre la salud”. 

En una investigación publicada en 2018, un equipo de investigación liderado por la profesora asociada de la Facultad de Enfermería y Podología en la Universidad de Valencia Alba González-Timoneda analizó el grado de conocimiento, las actitudes y las prácticas de los profesionales de atención primaria del departamento Clínico-Malvarrosa del Hospital Clínico de Valencia. En total, entrevistaron a 321 profesionales sociosanitarios (médicos de atención primaria, enfermeros, matronas, pediatras, ginecólogos, psicólogos y trabajadores sociales).

Según los resultados, de ellos solo un 22 % era capaz de identificar correctamente los diferentes tipos de mutilación y únicamente un 5 % sabían en qué zonas geográficas sigue viva esta práctica. Menos de un 10 % conocía algún protocolo de actuación y solo un 15 % contestó haber recibido formación. La detección de casos fue fundamentalmente realizada por profesionales mayores de 35 años, mayoritariamente las matronas, pediatras y trabajadores sociales.

Para González-Timoneda, “hay que seguir investigando para saber con certeza si esos resultados son extrapolables al resto de España”. No obstante, su estudio es relevante porque indica que no todos los profesionales sociosanitarios de atención primaria han recibido la formación adecuada para tratar este problema en toda su dimensión.

Protocolos de actuación

La mutilación genital femenina es una práctica tradicional con fuertes y ancestrales raíces socioculturales. UNICEF advierte que más de 200 millones de mujeres han sido sometidas a esta vulneración de derechos. Aunque en los últimos años la prevalencia en niñas de hasta 14 años se ha reducido en la mayoría de las regiones africanas, cada año tres millones de menores son mutiladas en todo el mundo por motivos culturales, religiosos o sociales.

En España, hay 69.086 mujeres que provienen de países donde se realiza, según los últimos datos del 2016 de la Fundación Wassu de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), que realiza cada cuatro años un informe sobre la situación de las víctimas potenciales. De ellas, unas 17.000 niñas están en riesgo de sufrirla

Frente a esta situación, las administraciones “deben fomentar la intervención preventiva de la MGF, lo que se materializa en acciones de educación para la salud que los profesionales puedan emprender con el propósito de generar actitudes positivas que fomenten el abandono de la práctica”, destaca Adriana Kaplán, directora de la Fundación Wassu-UAB.

En el año 2015, el Ministerio de Sanidad presentó el Protocolo común de actuación sanitaria ante la mutilación genital femenina en el Sistema Nacional de Salud, una herramienta donde se unifican las instrucciones que recibe el personal sanitario si sospechan que una paciente ha sido mutilada o puede llegar a serlo.

En materia de prevención, una de las medidas más importantes que recoge el documento tiene que ver con la reacción del pediatra ante la sospecha de que en un viaje familiar al país de origen una niña pueda ser mutilada. En este caso, el médico propondrá a los padres que firmen un documento en el que se comprometen a “cuidar la salud de la menor, evitar su mutilación y acudir a revisión a la vuelta del viaje”. Además, advertirá a la familia de que es delito en nuestro país.

“No se trata solo de transmitir información, sino que se debe realizar una entrevista motivacional como se realiza para cambiar otras conductas, ayudándoles a reflexionar sobre el tema para que sean ellos los que identifiquen la necesidad de proteger a las niñas”, sostiene Teresa García de Herreros, miembro de Médicos del Mundo y coordinadora de la Guía de Prevención de la Mutilación Genital Femenina de la Comunidad de Madrid. Lo más importante es dejar claro que, lejos de aportar beneficio alguno, puede ocasionar complicaciones médicas graves. 

“Infecciones, hemorragias, dolor, ansiedad, problemas urinarios o lesiones en otros órganos vecinos son las consecuencias más inmediatas. A largo plazo pueden sufrir infertilidad, infecciones crónicas, trastornos psicosexuales y problemas durante el embarazo y el parto”, precisa.

Reconstrucción del clítoris

En Cataluña, donde residen casi un tercio de las mujeres procedentes de los 30 países africanos en los que está enraizada esta práctica y empadronadas en España, la Seguridad Social cubre los costes de la reconstrucción del clítoris de las víctimas.

“La reconstrucción consiste en ir a buscar lo que queda de clítoris y exponerlo lo más externamente posible, en su lugar original. De esta manera conseguimos recuperar un aspecto estético normal en casi un 90% de los casos y la capacidad sensitiva en más de un 70% de las intervenciones”, explica Pere N. Barri Soldevila, coordinador de la Sección Quirúrgica de la Fundación Dexeus Mujer de Barcelona y primer médico en España en realizar la intervención.

El perfil de la paciente es el de “una joven de origen africano, de unos 27 años de edad, que ha vivido su infancia y adolescencia en nuestro país y siente la necesidad de integrarse y ser como cualquier otra de las que conforman sus respectivos grupos de amigos”, sostiene Barri Soldevila.

El Programa de reconstrucción genital postablación de la Fundación Dexeus ya ha atendido a  97 mujeres entre los años 2007 y 2018. La operación también se realiza en Madrid y en la Comunidad Valenciana, que cuenta desde 2016 con una Unidad de Referencia para la Cirugía Reconstructiva en el Hospital Universitario Doctor Peset de Valencia a la que pueden ser remitidas mujeres y niñas desde otros centros de salud.

Si daña la salud, ¿por qué se practica?

Mientras que la presión social y el miedo a la marginación perpetúan la tradición, la falta de información y educación ampara estas conductas en países africanos. Según la OMS, con frecuencia, la escisión es considerada parte importante de la buena crianza de las jóvenes y de su preparación para la vida adulta y el matrimonio. Todo gira en torno a las creencias sobre el comportamiento sexual, la virginidad prematrimonial y la fidelidad matrimonial.

Muchas comunidades creen que reduce la libido femenina y 'ayuda' a la mujer a resistirse a los actos sexuales 'ilícitos', por lo que algunas familias que llegan a España lo hacen con el convencimiento de que la ablación es un proceso necesario y beneficioso.

“Dado que los motivos por los que se realiza la mutilación tienen mucho que ver con la identidad cultural, para prevenir y evitar nuevos casos no solo basta con actuar en el ámbito de la salud. Es imprescindible el trabajo comunitario, que se debe realizar de forma coordinada con otros profesionales y sectores como educación, servicios sociales, asociaciones, líderes comunitarios, familias y mediadores”, precisa García de Herreros.

En España, asociaciones como Save a Girl Save a Generation llevan a cabo una labor de sensibilización y educación con los colectivos de riesgo tanto en África como en Europa a través de charlas, cursos, eventos y entrevistas personales. El próximo proyecto de la ONG, que comenzará este año, será abrir una casa de acogida para niñas en Kenia. Este país africano prohibió la MGF en 2011, pero algunas familias siguen practicándola porque creen que aumenta la probabilidad de la niña de contraer matrimonio. 

Lo mismo ocurre en Gambia que, aunque aprobó en 2016 su primera ley contra la ablación genital femenina, sigue apareciendo en la lista de las víctimas menores de 14 años, según Naciones Unidas. Ahora, Sierra Leona ha sido el último país en ilegalizarla. 

“Con prohibir solo no basta. Si una familia está convencida de que tiene que hacerlo, buscará la forma para ello”, afirma Ismail. Por eso, la activista está segura de que la vía penal debe ser un apoyo a la educación, que puede suponer una verdadera oportunidad de futuro para las mujeres.