La llamada "ley de reconciliación", respaldada por los congresistas de los partidos tradicionales -el oficialista FMLN y el opositor ARENA-, había sido objeto de duras críticas por parte de organismos internacionales y hasta el presidente electo del país.
San Salvador.- Diputados del Congreso de El Salvador acordaron el jueves no presentar un polémico proyecto de ley de amnistía que críticos habían dicho que impediría enviar a la cárcel a responsables de crímenes de guerra durante la guerra civil del país, así como abrir un espacio para que la sociedad presente sus opiniones.
La llamada "ley de reconciliación", respaldada por los congresistas de los partidos tradicionales -el oficialista FMLN y el opositor ARENA-, había sido objeto de duras críticas por parte de organismos internacionales y hasta el presidente electo del país.
Diputados de la comisión política del Congreso, que tenía a su cargo aprobar el proyecto antes de presentarlo al pleno del poder legislativo, acordaron el jueves por unanimidad no darle dictamen favorable y encargar a un comité que compare dos propuestas de legislación presentadas.
Adicionalmente acordaron sostener reuniones a partir del lunes 27 de mayo con organizaciones de la sociedad civil, las Fuerzas Armadas y la Iglesia Católica. Una nueva propuesta de ley podría estar lista antes del miércoles 29 de mayo para ser sometida a votación, dijeron legisladores.
El proyecto previo de ley contemplaba cambiar penas de cárcel por "trabajo de utilidad pública" por máximos de hasta 10 años.
El presidente electo del país, Nayib Bukele, ha criticado fuertemente el proyecto y tendría el poder de vetarlo si no es aprobado antes de que asuma el poder el 1 de junio.
El Salvador vivió una guerra civil desde 1980 a 1992 entre la exguerrilla del FMLN y el Ejército -financiado por Estados Unidos- que dejó unos 75.000 muertos y 8.000 desaparecidos.
En julio de 2016 la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional una ley de amnistía de 1993 que impedía que se investigara, enjuiciara y encarcelara a responsables de crímenes de guerra.
Los jueces ordenaron al Congreso aprobar una nueva norma que promoviera la reconciliación antes de julio de 2019, pero los diputados buscan pasar una ley que ha sido catalogada como "exprés" y que no ha sido consultada con las víctimas.
Críticas. Para organismos de derechos humanos, el proyecto atentaba contra la reparación de las víctimas y la judicialización de casos emblemáticos como las masacres de campesinos en El Mozote y El Sumpul, el asesinato del arzobispo Óscar Romero y la desaparición del embajador de Sudáfrica, Archibald Gardner Dunn.
"Si se aprueban, estas disposiciones beneficiarán indebidamente a las personas que durante el conflicto armado fueron directamente responsables de crímenes (...) como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, violencia sexual", dijo Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para derechos humanos.
"Es preocupante que el nuevo proyecto de ley (...) no refleje la perspectiva de las víctimas, en particular las que viven en comunidades rurales, cuya voz no se ha escuchado hasta ahora, y que sufrieron los efectos perniciosos del conflicto armado", agregó Bachelet, expresidenta de Chile.
Un pequeño grupo de familiares de víctimas de masacres durante la guerra civil acudió el jueves a la casa presidencial para solicitarle al mandatario saliente, Salvador Sánchez del FMLN, que no avalara la norma si se aprobaba.
