Que un sector sea considerado estratégico implica que éste requiere una regulación especial por parte del sector público, pero no que el Estado deba asumir la propiedad del mismo, en particular en regiones como América Latina.

La liberalización de las economías y los bajos precios internacionales de minerales e hidrocarburos contribuyeron en la década del 90 a que esas reservas fuesen consideradas un recurso económico antes que un activo estratégico. El dramático crecimiento que han experimentado los precios internacionales, tanto de minerales como de hidrocarburos en la década actual, ha estado asociado a una reconsideración de ese status, particularmente en el ámbito de la minería.

Porque siempre hubo una mayor propensión a considerar las reservas de gas y petróleo como activos estratégicos. No en vano, en 2005 las tres firmas más grandes del sector a nivel mundial eran propiedad de Estados en desarrollo o poscomunistas: Aramco de Arabia Saudita, Gasprom de Rusia, y la Compañía Nacional de Petróleo de Irán. De hecho, la producción anual de petróleo y gas de Aramco representa más del doble que la producción de la principal empresa privada en ese rubro (Vg., Exxon-Mobil). 

El tema no está exento de múltiples paradojas. Una de ellas es que mientras el  “Consenso de Washington” sugería que no existían rubros económicos “estratégicos”, el gobierno federal de los Estados Unidos (con sede en Washington) denomina al petróleo, que almacena para afrontar una eventual emergencia, como “Reserva Estratégica”.

De otro lado, “planificación estratégica” es una frase crucial en el ámbito de la gestión empresarial que, sin embargo, se convierte en un tabú cuando se habla del Estado. Un autor clave en esta veta de la literatura sobre negocios es Tsun Tzu. La paradoja implícita se torna evidente al constatar que la obra por la que Tsun Tzu es recordado lleva por título “El Arte de la Guerra”, es decir, una actividad estatal por antonomasia.

En el Perú, por ejemplo, un ferviente partidario de la economía de mercado como Carlos Boloña no tuvo como ministro inconveniente alguno en destinar recursos públicos para impedir la quiebra de bancos privados. Para explicar su conducta sostuvo que la quiebra de esos bancos podría haber arrastrado en su caída al conjunto del sistema financiero y, con éste, a las empresas comerciales e industriales que dependen del crédito privado para el normal desarrollo de sus actividades. De allí a sostener que la banca es un sector de relevancia estratégica para el desarrollo de la economía nacional, hay sólo un paso.

La política energética del Brasil permite abordar una segunda arista del fenómeno. Son objetivos de larga data del Estado brasileño, de un lado, reducir la dependencia energética del país y, de otro, asegurar sus fuentes de abastecimiento. La promoción oficial de la producción y el consumo de etanol como fuente de energía alternativa es una actividad orientada a lograr el primer propósito. Las inversiones del gigante estatal Petrobrás en terceros países (y en el propio Brasil), buscan satisfacer el segundo objetivo. Lo interesante aquí es que la política energética del Brasil cumple una doble función: la energía es tan crucial para la economía, como para la defensa nacional. Y esas suelen ser las razones por las que algunos Estados consideran estratégico algún sector de su economía.

Que un sector sea considerado estratégico implica que éste requiere una regulación especial por parte del sector público, pero no que el Estado deba asumir la propiedad del mismo (en particular en regiones como América Latina, donde la necesidad de cubrir las pérdidas de las empresas públicas fue una de las principales fuentes de endeudamiento externo durante la década del 70).

Contra lo que podría suponerse, quien en su momento ofreció lecciones de pragmatismo en esta materia fue el gobierno conservador de Margaret Tatcher, en Inglaterra: de un lado, permitió la participación de capital extranjero en empresas privatizadas incluso en sectores sensibles para la seguridad nacional. De otro lado, sin embargo, creó las denominadas “Acciones Doradas” como mecanismo especial de regulación. Estas acciones proveían al Estado británico de un derecho de veto sobre ciertas decisiones corporativas, esencialmente en temas relacionados con la propiedad, tales como la ampliación del capital, la adquisición o la fusión con otras empresas.