De los recursos provenientes del impuesto sobre la renta para la equidad destinados a instituciones públicas, sólo el 25% es para técnicas y tecnológicas.

“Hay 28 instituciones universitarias, 12 instituciones tecnológicas y nueve instituciones técnicas profesionales que están prácticamente dejadas a su suerte en materia de financiación”. Estas son las palabras de Lorenzo Portocarrero, rector del Tecnológico de Antioquia (TDEA), quién en la última reunión del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) hizo un análisis sobre el deber ser de la financiación de la educación superior en Colombia.

El país cuenta actualmente con instituciones de carácter universitario, técnico y tecnológico y colegios mayores, que son niveles diferenciados en el sistema educativo que deberían estar mejor articulados, según Portocarrero, y cada uno recibir la atención necesaria para su buen funcionamiento.

La problemática de que el sistema tenga cuatro tipos de instituciones se refleja en materia de recursos cuando se habla de las entidades públicas. Si la situación financiera de algunas de las 32 universidades estatales es difícil, la de las instituciones de educación superior de carácter no universitario es peor. Para el director de la TDEA, basta mirar la distribución de los recursos que el Estado destina cada año a las instituciones públicas para darse cuenta de que hay algunas que ven más amenazada su estabilidad y sostenimiento.

Actualmente, las universidades públicas obtienen del impuesto sobre la renta para la equidad (CREE) el 75% de los recursos, y sólo el 25% se entrega a las demás instituciones. Para 2014 se designaron $392.000 millones, de los cuales sólo $98.000 millones fueron distribuidos entre las 49 instituciones de educación superior sin categoría de universidad.

Además, los directivos de las instituciones tecnológicas y técnicas llaman la atención sobre las desigualdades que en materia de financiación supone la Ley 30 de 1992. En los artículos 86 y 87 se establece el aporte del presupuesto nacional para la educación, pero se refiere sólo a las universidades y no se mencionan los demás tipos de instituciones que componen el Sistema de Educación Superior.

“Es lógico entender que la tríada paz, educación y equidad propuesta por el presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos, se cumplirá si la equidad que se menciona es también para el Sistema de Educación Superior Público, y no para una parte de él, dando cumplimiento cabal a la premisa de que Colombia será para el año 2020 la más educada de Latinoamérica”, fueron las palabras con las que terminó su intervención el doctor Portocarrero ante los demás miembros del CESU y la viceministra de Educación.

La propuesta, que según el rector de la TDEA acogen los demás representantes del consejo, es llamar la atención de las autoridades competentes para comenzar a establecer igualdad de condiciones en el sistema. Esto sin perjudicar de ninguna manera el presupuesto que actualmente reciben las universidades, agregó Portocarrero.

Algunas de las ideas se basan en considerar que las instituciones no universitarias deben recibir una mayor participación de los aportes del CREE. Además no deben contribuir en el pago a las cajas de compensación ni al Sena (4% y 2% de la nómina, respectivamente) si las 32 universidades públicas no lo pagan. Y reclaman que todas las entidades que conforman el Sistema de Educación Superior deben gozar de la misma autonomía.

“Hoy el país aboga por la calidad de la educación, pero actualmente hay apenas 33 instituciones acreditadas por el Consejo Nacional de Acreditación, y sólo tres de ellas son instituciones técnicas y tecnológicas. La calidad no sólo les compete a las universidades, sino a todas las demás instituciones, pero nosotros no podemos dar resultados si no contamos con el apoyo financiero suficiente por parte del Estado”, dice Portocarrero.