En su último informe prospectivo a 2016, la consultora Global Health Intelligence advierte alto impacto de prácticas generalizadas de soborno y extorsión a nivel de hospitales, sistemas de salud y empresas privadas.
Las prácticas comerciales poco éticas tienen una gran influencia en los sistemas de salud de América Latina. El robo, el soborno y la extorsión han dado lugar a pérdidas monetarias de miles de millones. Según el Índice de Percepción de Corrupción 2014, creado por Transparency International, la extensión de los daños es lo suficientemente grave como para clasificar dos tercios de los 31 países de la región entre las naciones más corruptas del mundo. Y sin embargo, la región malamente puede permitirse cualquier cosa que pueda limitar todavía más sus sistemas de salud mediante la limitación de los recursos disponibles, reduciendo la eficacia y la eficiencia de los servicios, o reduciendo la calidad de la atención general. A pesar de que la participación en la corrupción presenta riesgos significativos para las empresas, con el riesgo de asentar una mala reputación y multas corporativas medidas en miles de millones de dólares, entre los más severos, el comportamiento no ético seguirá desempeñando un papel en América Latina.
Gran parte de la corrupción proviene de las figuras políticas y el comportamiento poco ético en el sector público. La prevalencia de las instituciones de salud de propiedad, o controladas, por el estado han dado lugar a desafíos de cumplimiento respecto de las leyes anti-soborno. Por ejemplo:
En México, las comisiones sobre contratos gubernamentales pueden alcanzar el 25% y el 30% del valor total del proyecto en forma de dinero en efectivo y bienes materiales tales como computadoras, automóviles, terrenos, construcciones, viviendas y favores a políticos.
En Honduras, la vicepresidente del Congreso, Lena Gutiérrez, y parte de su familia han sido acusados de fraude, delitos contra la salud pública y falsificación de documentos. Son sospechosos de estar vinculados a una empresa que supuestamente malversó el estado mediante la venta de medicamentos de mala calidad a precios inflados.
Y en Guatemala, la corrupción política en el sistema de salud ha llevado directamente a la pérdida de vidas. Las autoridades detuvieron a 17 personas, entre ellos al titular del Banco Central de Guatemala, en una investigación en curso sobre el fraude en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). El escándalo reveló que los empleados del IGSS y el jefe del Banco de Guatemala se pusieron de acuerdo obtener un 15% en sobornos. Han sido acusados de fraude, soborno, conspiración, tráfico de influencias, cobro indebido de honorarios, asociación ilícita y tráfico de información privilegiada. Los cargos de homicidio involuntario podrían ser presentados como el escándalo que derivó en la muerte de al menos cinco pacientes con insuficiencia renal.
La corrupción va más allá de sobornos. Hay casos de personas y entidades que a menudo facturan al gobierno por servicios que nunca fueron prestados o, incluso, vende fármacos caducados en envoltorios o packaging alterados. En Ecuador, este comportamiento se ha convertido en un tema importante para el sistema de salud. El Hospital de Carbo Maldonado Teodoro, en Guayaquil, ha sido una de las fuentes de la corrupción, donde de decenas de túneles han sido utilizados para llevar a cabo el contrabando de medicamentos fuera del hospital para realizar, con ellos, ventas ilícitas. Aunque fuera de la industria de la salud, incluso la imagen de Brasil ha sido manchada por la corrupción cuando el escándalo Petrobras salió a la luz, con la participación tanto pública, como de particulares privados en un caso multimillonario en dólares, que parece llegar tan arriba como a la Oficina Presidencial.
La impunidad en las alturas permite a la corrupción a florecer. A medida que nuevos líderes asumen sus funciones, tienen la oportunidad de cambiar las prácticas establecidas por mucho tiempo. Ellos pueden orientarse hacia iniciativas contra la corrupción para reducir el impacto del comportamiento poco ético en la región. La prioridad para la mejora de los sistemas de gestión de la asistencia sanitaria es aumentar la transparencia. Hay una oportunidad allí para que los organismos internacionales y la sociedad se unan en la lucha contra estas prácticas poco éticas.
Un ejemplo de ello es el Banco Mundial, el cual ayuda a los países en la designación de las comisiones de alto nivel para investigar la escala y el alcance de la corrupción en sus sociedades, para establecer prioridades para las actividades de lucha contra ella, y para preparar y aplicar planes de acción. Estos planes sólo son eficaces cuando reciben asistencia política de alto nivel y envuelven la participación del público y los medios de comunicación mediante la apertura de canales participativos.
Organizaciones como Transparency Internacional pueden capacitar a los ciudadanos para tomar medidas y responsabilizar a los políticos de los actos de gobierno no éticos. Las actividades tales como la realización de talleres regionales han ayudado, a equipar a grupos de ciudadanos preocupados, proveyéndolos de nuevas formas de combatir la corrupción, tales como instrumentos de estudio/investigación e iniciativas ciudadanas. La transparencia y la rendición de cuentas deben aumentar si se quiere que el papel de la corrupción comience realmente a disminuir.
El texto anterior es parte de una serie de notas realizadas sobre la base del estudio Opportunities in Latin America’s Healthcare Sector, de la consultora Global Health Intelligence.
