La Cámara de Minería señala que contratos con las dos mineras en producción contemplan el suministro de electricidad por parte del Estado. Lundin Gold autogenera 8 MW.

El último martes 15 de octubre, la ministra de Energía y Minas encargada, Inés Manzano, dijo que todas las mineras que entren en operación deberán tener su propia generación eléctrica. Ante ello, la Cámara de Minería del Ecuador (CME) señaló este miércoles 16 que, de acuerdo con la Constitución, es el Gobierno el que garantizará el suministro de electricidad para las inversiones del sector extractivo; no obstante de aquello, las compañías mineras ya buscan generar su propia energía.

“Cuando conversamos con las mineras, ya están buscando formas para autogeneración, no porque sea una obligación, sino por convicción”, afirmó Carolina Orozco, presidenta del directorio de la CME.

Aseguró que la industria quiere ayudar a que el país “salga más pronto” de la crisis energética, que provoca largos racionamientos de energía a escala nacional.

Con la situación que vive el país han surgido señalamientos en contra de la industria minera, que van desde la tarifa eléctrica que pagan hasta que los proyectos que actualmente están en producción, Fruta del Norte y Mirador, operados por las empresas extranjeras Lundin Gold y Ecuacorriente, respectivamente, deberían contar con sus propias fuentes de energía.

Al respecto, la Cámara sostiene que el sector minero no recibe ningún subsidio o tarifa preferencial. Que los costos están establecidos en el pliego tarifario para el segmento de alto voltaje (AV2), donde se encuentran los consumidores superiores a 138.000 kilovoltios. Orozco aseveró que en este grupo están cinco empresas, entre ellas las mineras, así como de los sectores de acero y de petróleo.

Al ser consultada sobre si en los contratos firmados con las dos grandes mineras existe la obligación de que las compañías construyan sus propias centrales eléctricas, Carolina Orozco contestó que “los contratos con estas empresas fueron firmados en otro Gobierno, hace más de una década, cuando nadie había pensado que este estiaje o esta crisis energética iba a suceder”.

Apuntó que con el Plan Maestro de Electricidad (PME) que estuvo vigente en la época que se negociaron y firmaron los contratos eléctricos, “supuestamente para hoy tendríamos una soberanía energética y estaríamos vendiendo electricidad a otros países vecinos”, pero esto no sucedió, dijo.

Orozco añadió que los contratos con las mineras contemplaban el suministro de electricidad y comentó que los últimos anuncios gubernamentales -respecto a la eliminación del supuesto subsidio eléctrico- toca temas que podrían afectar la seguridad jurídica.

“Parte de la decisión de esas dos empresas (Ecuacorriente y Lundin Gold) de venir al Ecuador fueron las condiciones en las cuales el Gobierno ofrece facilidades para invertir. En ese entonces, una de ellas fue el suministro de electricidad, porque hablábamos de un momento en que Ecuador tenía una visión a largo plazo, que deberíamos haber estado en una soberanía energética. Lamentablemente no pasó y esta crisis nos golpeó a todos”, respondió la vocera.

Explicó que la firma Lundin Gold, empresa agremiada a la Cámara, reporta un consumo promedio de energía de 16 megavatios (MW), de los cuales actualmente se autogeneran alrededor de 8,5 MW. La energía autogenerada es empleada ciertos días para las operaciones de la mina, entre las 08:00 y 18:00, con el fin de reducir la demanda de energía del sistema eléctrico nacional. La compañía traerá al país nuevos generadores para elevar su autogeneración.

La CME no se pronunció sobre la situación con Ecuacorriente, por no ser socia. Esta compañía, por pedido de la ministra Inés Manzano, se comprometió a desconectarse al 100 % del sistema eléctrico a partir del mediodía de este miércoles.

“Hacemos votos para que esta crisis no afecte ni a Mirador ni al sector minero ni a la productividad del Ecuador”, comentó María Eulalia Silva, presidenta de la Cámara de Minería. Destacó que el proyecto que maneja Ecuacorriente actualmente exporta minerales por más de $ 100 millones cada mes.

Silva insistió en que “no existe una tarifa eléctrica preferencial” ni un subsidio para la industria minera.