Cuba aumentó los salarios del sector público de manera masiva y generalizada. ¿De dónde procede ese dinero? El experto en Cuba Carmelo Mesa Lago explica las consecuencias de la medida adoptada por el gobierno del país.
DW: Durante años, el gobierno cubano respondía a las demandas de aumento salarial, señalando que solo se podría llevar a cabo si aumentaba la productividad en el país. A principios de julio, aumentaron enormemente los salarios en el sector público. Algunos tildaron esto de "medida populista”. ¿Cómo evalúa usted este paso?
Carmelo Mesa-Lago: Creo que aumentar los salarios a casi la mitad de todo el sector público es una respuesta poco reflexionada, ante la presión por el aumento de los precios, y debido a la escasez de suministro alimenticio y otros bienes de consumo. Bajo Raúl Castro, los aumentos salariales fueron bajos, con el argumento correcto de que primero había que aumentar la productividad y la producción, aunque esto no se dijo. A pesar del notable aumento nominal (37,7%, el más alto en 20 años), los salarios reales siguen estando un 46 por ciento por debajo del nivel de 1989. Es decir, el poder adquisitivo de los funcionarios públicos ha caído en un 46%. Incluso los nuevos salarios no son suficientes. Finalmente, el resto del sector público se halla en una situación igual que antes del aumento salarial y, por lo tanto, se verá particularmente afectado por la inflación.
¿De dónde saca el gobierno los fondos presupuestarios para financiar los aumentos salariales? ¿No se corre el riesgo de que simplemente aumente la cantidad de dinero, es decir, que se imprima dinero nuevo?
No veo otra solución más que aumentar la emisión de dinero. A menos que se incremente la producción, especialmente en la agricultura, lo cual es muy dudoso.
Los aumentos salariales ocurren en un momento en que el gobierno, en realidad, se ha autoimpuesto austeridad. ¿Cómo califica esta contradicción?
Creo que se trata de una medida política para demostrar que el gobierno está ayudando a los funcionarios públicos, teniendo en cuenta el desplome de la economía cubana, la crisis económica en Venezuela y las medidas punitivas de Trump que, entre otras cosas, están dañando las inversiones extranjeras, el turismo y afectan al aumento de precio de los alimentos. Estoy de acuerdo en que es una contradicción con respecto a la política de austeridad del gobierno, que no tiene en cuenta el impacto económico negativo de dicha medida sobre la estabilidad financiera.
El poder adquisitivo aumenta sin que la oferta de productos mejore notablemente. Al contrario, ha habido una y otra vez escasez de productos cotidianos: harina, huevos, aceite comestible, etc. ¿No aumenta así el peligro de inflación?
Por supuesto, la inflación aumentará porque el aumento salarial provocará el ascenso de la demanda. Si la producción de alimentos no aumenta, esto dará lugar a la inflación. El índice oficial de precios al consumidor (IPC), que mide la inflación, sugiere que es muy baja. Pero estas cifras no son fiables por varias razones: en primer lugar, en la economía altamente centralizada de Cuba, gran parte de los precios no los establecen la oferta y la demanda, sino el gobierno, lo que reduce artificialmente el IPC.
En segundo lugar, la ONEI nunca ha publicado la cesta los bienes y servicios con la que se mide el IPC, lo que hace imposible verificar su fiabilidad. Y en tercer lugar, el cálculo del IPC solo tiene en cuenta las transacciones en pesos cubanos (CUP), pero no las que se realizan en pesos convertibles (CUC), que son considerables, por lo que se subestima la inflación.
A finales de julio se fijaron precios máximos, también en el sector privado. ¿Es una medida razonable?
Esta medida es contradictoria y tan irracional como la otra. El gobierno siempre ha tratado de fijar o limitar los precios del mercado, pero cuando lo hace, la gente recurre a alternativas: ocultan la producción y la canalizan hacia el sector informal, (es decir, el mercado negro) para intercambiar y aumentar el consumo personal, etc.
En 2016, debido al aumento de los precios de los productos agrícolas, el gobierno intentó controlar los precios de los agricultores, eliminando a los intermediarios y limitando los precios en los mercados estatales, lo que implicó una costosa subvención. Muchos economistas cubanos y yo también criticamos esta medida debido a las mencionadas reacciones y porque sería financieramente insostenible a mediano y largo plazo.
Marino Murillo, entonces vicepresidente del Consejo de Ministros y coordinador de la restructuración del sistema económico cubano, informó en algún momento que dicha medida había sido bien recibida por la población, sobre todo por los que tenían bajos ingresos. Sin embargo, reconoció que la importación de alimentos aumentó y dicha política no era sostenible.
