El Ministerio de Economía y Planificación aprobó la constitución, esta semana, de 118 nuevas micro, pequeñas y medianas empresas y cooperativas no agropecuarias, como parte de un proceso iniciado hace seis meses por el Gobierno cubano para reactivar el sector privado.
Cuba vive hoy una profunda transformación de su economía, con la emergencia de un sector privado que ha tenido poco espacio en casi 60 años tras una masiva nacionalización realizada en 1968.
El Ministerio de Economía y Planificación (MEP) aprobó este jueves la constitución de otras 118 nuevas micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) y cooperativas no agropecuarias, como parte de un proceso iniciado hace seis meses por el Gobierno.
Con la nueva adhesión suman 2.478 las entidades aprobadas para trabajar fuera de la sombrilla estatal, una decisión que forma parte del amplio proceso "de actualización del modelo económico" aprobado por el VI Congreso del Partido Comunista, en abril de 2011, y
El Gobierno cubano aprobó en agosto del pasado año ocho decretos que reconocieron y ampliaron la gestión de esas entidades y de las cooperativas no agropecuarias, luego de que en febrero había extendido a más de 2.000 las actividades en las que pueden laborar los cubanos fuera de la sombrilla estatal.
A fines de septiembre fueron aprobadas las primeras 35 Mipymes y se desató un gradual crecimiento de esas entidades con permisos para establecer negocios en áreas como producción de alimentos, proyectos de desarrollo local, parques científicos y tecnológicos, economía circular y reciclaje.
Además, se permiten en la manufactura, informática, actividades logísticas, transporte, servicios constructivos, gastronomía y teneduría de libros.
Las Mipymes pueden ser de propiedad estatal, privada o mixta y buscan desarrollar la producción de bienes y servicios, para lo que pueden exportar e importar, gestionar y administrar sus bienes, así como definir productos y servicios a comercializar.
También definen sus proveedores, clientes, destinos e inserción en mercados, y pueden operar cuentas bancarias y acceder a cualquier fuente lícita de financiación.
Las micro empresas tienen entre uno y 10 personas, las pequeñas de 11 a 35 y las medianas de 36 a 100.
La idea de esa nueva estructura económica es potenciar el desarrollo socioeconómico de la isla y poner en similares condiciones al sector privado y al estatal, aunque "la empresa estatal socialista" sigue siendo "el sujeto principal del modelo económico cubano", un enfoque presente incluso en la Constitución cubana.
En una sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular (parlamento unicameral), realizada en diciembre último, el vice primer ministro y titular del MEP, Alejandro Gil, defendió la idea de ampliar el espectro económico de la isla.
"Poco a poco se va ampliando el tejido productivo del país en función del incremento de la actividad económica y del nivel de oferta de bienes y servicios a la población", dijo Gil ante los parlamentarios.
La aceleración de la transformación de la economía cubana es además una herramienta para enfrentar la paralización generada por la pandemia del nuevo coronavirus y el recrudecimiento del bloqueo que desde hace más de medio siglo aplica Estados Unidos contra la isla.
Hace apenas dos días, en una reunión con empresarios estatales, encabezada por el presidente cubano Miguel Díaz-Canel, Gil reveló que en enero más de 450 empresas reportaron pérdidas, y algunas han planificado operar así este año.
"En enero, 457 empresas cerraron con pérdidas y de ellas 446 son del sistema empresarial estatal", dijo Gil citado por el diario Granma, principal rotativo de la isla.
Detalló que el 93% de esas empresas estatales con pérdidas se concentran en los sectores de la agricultura, industria azucarera, industria alimentaria, construcción y transporte, entre otras.
El Gobierno cubano proyecta cerrar el actual año con un 2% de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), tras mantener tres trimestres de 2021 con saldo positivo, luego de siete consecutivos de contracción.
Entre 2020 y 2021, la isla tuvo una caída del 13% del PIB, con pérdidas superiores a los US$ 3.000 millones como consecuencia del impacto de la pandemia, la crisis internacional y el recrudecido bloqueo de Estados Unidos.