Por Maribel Ramírez Coronel, Periodista en temas de economía y salud para El Economista.

Tal parece que en ese afán por confirmar y mostrar evidencias de que antes de que iniciara este gobierno en México todo fue corrupción, ayer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) emitió un reporte sobre los números de la compra consolidada de medicamentos y material de curación durante el sexenio anterior.

Realmente no hubo grandes novedades. Las grandes cifras de ese mercado, que en 2018 se acercó a los 55,000 millones de pesos ya son conocidos porque el IMSS viene reportando año con año los montos anuales de cada compra consolidada, incluidos los ahorros obtenidos.

Lo más llamativo del reporte –aunque también ya se sabe– es que cinco empresas distribuidoras concentran cerca de 70% del reparto de medicamentos a gobierno. Y más aún que una sola empresa –Grupo Fármacos Especializados, de los hermanos Pérez Fayad– sea la que cubra más de una tercera parte de ese negocio. En parte ello obedece a que vende el mayor volumen de fármacos de patente o de proveedor único, es decir los productos innovadores de las farmacéuticas trasnacionales, los de más alto costo.

Será interesante saber cómo le harán las autoridades actuales para evitar esa notoria concentración de mercado en ventas a gobierno. En el sexenio pasado hubo un intento por romper esa fuerte dominancia y no se logró. Se recordará el caso de Savi Distribuciones –de Javier Salazar y Francisco Villela– que empezó a competirle con fuerza a Fármacos Especializados, y por varios años fue ganando terreno, pero le sembraron un cuatro y le generaron tal escándalo y acusaciones que le llevaron prácticamente a la quiebra. Entonces Fármacos Especializados recuperó el terreno perdido y por sus fueros volvió a dominar absolutamente ese segmento de ventas a gobierno.

Las sombras de duda sobre Fármacos Especializados han existido siempre pero su poder lo ha mantenido a lo largo de los sexenios.

La función financiera de la que nadie habla

Un aspecto poco entendido es que la función de estas empresas va mucho más allá de la distribución. No se trata de simples repartidoras de productos cuya labor puede hacer cualquier transportista. Más allá de sus complejas estructuras logísticas, con cadena fría y otras modalidades especializadas, su principal papel es de financiamiento. Hay quien dice que las distribuidoras integran en conjunto uno de los bancos no formales más grandes del país. Las decenas de millones de pesos de deuda que arrastran las entidades federativas y el ISSSTE a la industria de salud se deben, no a las farmacéuticas, sino a esas distribuidoras. Y esto porque las fabricantes de medicamentos y material de curación no pueden venderle directamente al gobierno. Así se ha establecido el sistema y ello, sobre todo, porque los grandes volúmenes de licitaciones no alcanzan a cubrirse por una sola empresa. Así es que las distribuidoras fungen también como concentradoras –muchas veces reuniendo productos de empresas competidoras– para cubrir la demanda de una clave.

Qué hará el gobierno ante esa realidad, está por verse. Por lo pronto, un primer paso fue exponer abiertamente las cifras. Es de prever que el siguiente será conocer las proporciones de ganancias tanto de distribuidoras como de farmacéuticas, pues esa discusión ya la hemos visto.