Por Maribel Ramírez Coronel, Periodista en temas de economía y salud para El Economista.

Cuando a una persona se le diagnostica determinada enfermedad y se le prescribe su terapia, lo mínimo esperado es que reciba tratamiento puntual y en forma conforme indica la receta médica. Es lo más básico dentro de nuestro derecho fundamental a la salud amparado en la Constitución.

El hecho de que una persona enferma no cuente con sus medicamentos es un grave problema porque le puede representar consecuencias y, en caso de enfermedades graves, pueden ser severas.

Por ello el abasto de medicamentos es un indicador crucial que debe ser constantemente medido en cualquier sistema de salud.

En México, se han hecho esfuerzos en los últimos años. El IMSS, de Mikel Arriola, como el ISSSTE, que lleva José Luis Reyes Baeza, reportan control en este aspecto con abasto de entre 95 y 99%, aunque ha habido reclamaciones de pacientes cuando no se surte su receta completa. Pero el verdadero problema está en los sistemas estatales de salud que operan con independencia y de los cuales no contamos con suficiente información.

Bien decía en 1995 el doctor José Narro -entonces subsecretario de Servicios de Salud, siendo secretario Juan Ramón de la Fuente- que uno de los componentes más importantes para la atención médica es el abasto de medicamentos. Desafortunadamente es un aspecto que hoy como titular de dicha Secretaría no está atendiendo en forma adecuada.

Actualmente 1 de cada 3 medicamentos prescritos en los sistemas de salud de los estados de la República no se está surtiendo. Esto conforme un rastreo que nos compartió la Comisión de Seguridad Social y Salud de Coparmex.

El análisis de dicha Comisión de Coparmex que lleva Oscar David Hernández, revela cosas interesantes. Por ejemplo, durante el sexenio anterior se puso énfasis en abasto de medicamentos y optimización de cadena de suministros. De hecho, en cada informe de gobierno el expresidente Calderón reportaba el porcentaje de recetas surtidas en forma completa. En 2007 llegó a 85.7%, en 2008 a 87.2% y en 2009 a 88.7%.

En 2011 y 2012 el gobierno anterior dejó de reportar el dato de recetas surtidas a nivel nacional. Del sexenio actual, el presidente Peña Nieto en su informe 2016 habla de que el porcentaje de surtimiento completo de recetas se elevó 3.8 puntos porcentuales en lo que iba de su administración. Pasó de 65.2% en 2012 a 69% en 2015. ¿Qué pasó si en 2009 ya habíamos alcanzado abasto nacional de 88.7%? No sabemos. Pero además, en el último informe de 2017 ya no se actualizó el dato.

Enormes dudas sobre este indicador tan importante.

Se necesita que la Secretaría de Salud federal ponga orden en las entidades que no cumplen con el abasto de terapias. El problema es que nos falta un bien estructurado andamiaje legal para que la Secretaría federal cumpla su papel como cabeza rectora del sector a nivel nacional.

¿Quien obliga a los estados a cumplir en el cabal surtido de medicamentos en sus sistemas locales? Realmente nadie. Un secretario de Salud estatal se debe a las órdenes del gobernador no a las del secretario de Salud federal como debería ser en una estructura funcional.

La rectoría de la Secretaría de Salud no tiene un esquema de dientes que haga que los secretarios de Salud cumplan bien con la encomienda de atender la salud de sus habitantes, y está comprobado que a los gobernadores tampoco les interesa. De los 16 gobernadores detenidos o procesados actualmente, en varios casos hay pruebas fehacientes de que desviaron recursos de salud para otros fines. Es decir, no tuvieron la mínima consciencia social y nada les obligó a cumplir bien con la cobertura de atención médica.