Deloitte Haskins & Sells LLP está impugnando el llamado del gobierno a la prohibición del auditor por su presunta participación en un fraude financiero.
Es un caso de "él dijo, ella dijo" que está tomando un alcance nacional. El gobierno indio declaró a un tribunal de su país que la filial de auditoría local del grupo contable internacional Deloitte Touche Tohmatsu está malinterpretando una ley clave, mientras la firma busca evitar una prohibición de cinco años para nuevos negocios.
Deloitte Haskins & Sells LLP está impugnando el llamado del gobierno a la prohibición del auditor por su presunta participación en un fraude financiero.
El gobierno ha dicho que detectó varias violaciones de los estándares de auditoría por parte de Deloitte y una afiliada de KPMG mientras investigaba un fraude en IFIN, una unidad de Infrastructure Leasing & Financial Services, cuyos incumplimientos de deuda el año pasado provocaron temores de un contagio financiero.
Ambos auditores niegan irregularidades.
La presentación de Deloitte mostró que el mes pasado argumentó que el caso del gobierno debería ser desestimado porque se produjo después de que el auditor de 10 años en IFIN terminó. La última auditoría que hizo fue para el año fiscal a marzo de 2018.
El presunto fraude comenzó a ser expuesto el otoño pasado y Deloitte dijo que la ley solo permitía que se impusiera tal prohibición si el auditor estaba auditando activamente a la compañía en ese momento, y no permitía al gobierno tomar en cuenta el trabajo de la firma en comparación con el anterior. años.
El Ministerio de Asuntos Corporativos de la India ha respondido, diciendo que la ley no se puede leer de una manera tan "estrecha y pedante", según su presentación ante el tribunal del 28 de junio, que fuerevisada por Reuters y aún no es pública.
"Un fraude que continúa hasta la fecha a causa de un auditor pasado errante ... puede sin duda ser cubierto" según las disposiciones de la ley de la India, dijo el gobierno en su presentación de 13 páginas, agregando que Deloitte interpretaba incorrectamente la ley.
La ley tenía la intención de "eliminar a un auditor errante de la práctica para que la democracia corporativa, la transparencia y la economía del país no sean desestabilizadoras", agregó.
El caso será escuchado el lunes en el Tribunal de Leyes de Sociedades Nacionales en Mumbai.
Un portavoz de Deloitte dijo a Reuters el domingo que había sido informado de que el caso del gobierno "no se podía mantener", declinando hacer más comentarios. Anteriormente había dicho que "ha sido minucioso y diligente" en sus funciones como auditor.
India detectó fallas de auditoría como parte de su amplia investigación sobre el presunto fraude y la mala gestión en el IFIN, que también ha sido investigado por varias otras agencias, incluida la Oficina de Investigación de Fraudes Graves y el banco central.
Las firmas de auditoría entregaron informes de auditoría limpios y "lamentablemente no cumplieron con el deber que se les encomendó", ha alegado el gobierno, diciendo que el fraude en el IFIN era "nada menos que la delincuencia organizada, con la ayuda y la ayuda activa de los auditores legales".
En su presentación, el gobierno también dijo que si se aceptaba la interpretación de la ley por parte de Deloitte, significaría que cualquier auditor que cometa fraude, pero renuncia antes de que se inicien procedimientos legales en su contra, no puede ser prohibido en el país.
El afiliado de KPMG acusado en el caso, BSR & Associates, también negó las acusaciones y dijo que realizó la auditoría de IFIN de acuerdo con las normas de auditoría aplicables y el marco legal. BSR auditó a IFIN junto con Deloitte en el año hasta marzo de 2018, y luego fue el único auditor para el año 2018-19. Renunció días después de que el gobierno presentó el caso del tribunal el mes pasado.
De cualquier manera que el tribunal de la India gobierne, las acusaciones del gobierno ya han ensombrecido las operaciones locales de los grandes auditores extranjeros, que auditan a muchas de las empresas extranjeras en la India, así como a las grandes empresas nacionales.
"Ya estamos viendo evidencia de que algunos de nuestros clientes globales están asustados por esto y el alcance del castigo que se busca", dijo un socio principal de una firma de auditoría global.
