El presidente Alejandro Maldonado reconoció que el sistema de salud está en crisis. Al déficit presupuestario se une el descubrimiento de una mafia de altos funcionarios que beneficiaban a proveedores a cambio de coimas.
Aunque la realidad ya era evidente desde haces meses, el reconocimiento, por parte del presidente de Guatemala, Alejandro Maldonado, de que el sistema público de salud su país se encuentra en un momento "crítico", elevó la alarma. Sucede que cuatro de los 44 hospitales públicos del país cerraron sus consultas externas, lo cual incluye al Hospital Roosevelt, uno de los mayores de Guatemala, ubicado en la capital. En este caso por falta de fármacos y los sueldos sin pagar de sus 75 médicos.
Por si fuera poco, el jefe de Estado reconoció que la paralela crisis de seguridad y los efectos de la delincuencia agravan la situación. A los centros médicos arriban grandes cantidades de heridos, tanto por la violencia como por los accidentes de tránsito “que cada vez son más”, al decir del mandatario. Finalmente, a eso se suma el que una cifra considerable de personas de clase media, agregó, no puede atenderse en las clínicas privadas y se acercan a los hospitales.
Aunque Maldonado indicó que ordenó el traspaso de US$ 7,8 millones para saldar los pagos de los médicos, la Procuradoría de Derechos Humanos de Guatemala (PDH) reveló que el Ministerio de Finanzas derivó 4.548 millones de quetzales (US$ 593 millones de dólares) a los hospitales, pero que ello no alcanzó a cubrir sus costos.
Sucede que hay costos de arrastre. Los hospitales públicos están operando con la partida presupuestaria del año pasado (2014), lo que ha originado el déficit, según la entidad y, en consecuencia, un aumento de la deuda a los proveedores de insumos; muchos de los cuales se niegan ahora a seguir abasteciendo a los hospitales.
En el marco de lo anterior, cobra relevancia el descubrimiento de una red de corrupción ligada a la salud, la que fue desarticulada el pasado 27 de octubre por el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
Se trata de una estructura conformada por funcionarios del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y gestores particulares, los cuales favorecían a determinados proveedores de fármacos a cambio de comisiones o coimas.
Entre sus miembros están el director del hospital de enfermedades generales del IGSS, Roberto Francisco Estrada Morales; el director del hospital Juan José Arévalo, Carlos Enrique Palma Carranza; y el jefe de la unidad financiera de ese centro médico, Marcelo Noguera Sagastume, todos los cuales quedaron procesados por el delito de asociación ilícita. Se encuentra prófugo Gustavo Alejos Cámbara, quien fuera secretario privado del ex presidente Álvaro Colom entre 2008 y 2012.
Volviendo a la crisis sistémica, el presidente de Guatemala aseveró que parte de su origen es que “no se calculó el incremento de demanda que habría en nuestra red hospitalaria”, por las causas antes mencionadas, y pidió al Congreso observar estos fenómenos para que en el próximo presupuesto se asignen “cantidades suficientes” y no seguir en el cuesta abajo. La resolución de la situación no aparece sencilla, reconoció en paralelo, el vicepresidente de Guatemala, Juan Fuentes: “Se están haciendo los esfuerzos, pero la situación es muy compleja. Lamentamos que esto ocurra pero estamos ante una realidad que no la podemos tapar”.
