La petrolera estatal de Argentina afronta un posible embargo de acciones por la expropiación de 2012, así como estrategias para explotar el potencial dormido de Vaca Muerta.
El 20 de noviembre de 2023, cuando la victoria electoral de La Libertad Avanza ante el peronismo aún estaba fresca, el presidente electo Javier Milei anunció sus primeros planes de privatización para Argentina. En un país con una larga tradición estatista, el libertario no tuvo reparos en anunciar la inminente venta de los medios de comunicación públicos y la petrolera YPF.
Hoy, a más de tres meses de su llegada a la presidencia, las promesas se quedaron a medias: la agencia Télam ha quedado suspendida, pero YPF se mantiene como activo público. Mucho tuvo que ver las negociaciones entre el gobierno y la oposición para aprobar una versión simplificada de la llamada “Ley Ómnibus”, entre los que incluían retirar a la petrolera de los planes neoliberales de Milei.
Pero cabe destacar que YPF no es una empresa pública convencional: el Estado argentino y las provincias productoras de hidrocarburos disponen del 51% de sus acciones. Mientras que un 49% restante cotiza en la Bolsa de Buenos Aires, lo que garantiza una autonomía fiscal, impensable en otras petroleras de la región. Una vez establecido este punto, vale la pena preguntarse si la venta de las acciones estatales supondría un acierto o una pérdida.
MILEI, EL “DOGMÁTICO”
“El presidente Milei plantea una visión dogmática de la economía que toma como modelo el gobierno de Carlos Menem para justificar la privatización de YPF. Pero en la época de Menem, la situación de la petrolera era totalmente distinta, porque era una empresa 100% estatal, que no tenía capacidad de financiamiento. Es decir, era deficitaria en cuanto a la producción de los hidrocarburos y nunca logró que Argentina alcance el autoabastecimiento”, explica Víctor Bronstein, director del Centro de Estudios de Energía, Política y Sociedad (CEEPYS) para AméricaEconomía.
En la misma línea, Eduardo Fernández, director de la carrera de Ingeniería en Petróleo de la Universidad de Buenos Aires (UBA) opina que el modelo mixto de YPF es el ideal. “Que el gobierno mantenga acciones de una empresa como YPF, aunque no sea mayoritaria su participación, no me molesta ni disgusta. Pero tener una empresa pública que responda a las estrategias del gobierno, me parece que es un sinsentido. Sobre todo en estos momentos en que se pretende que sea la participación de los mercados en la competencia lo que establezca los precios del petróleo”, declaró Fernández para AméricaEconomía.
No obstante, la etapa de YPF como petrolera de capitales privados también posee luces y sombras. Cuando en 1998, el gobierno de Menem privatizó la compañía, esta fue adquirida por Repsol. Bronstein resalta que por aquel entonces, la petrolera española no tenía desarrollo en el upstream, es decir no estaba orientada a la exploración y producción. Por ello, se dedicaba principalmente a refinar y comercializar petróleo, por lo que debió endeudarse para adquirir YPF.
“Este detalle ocasionó que Repsol debiera pagar una gran deuda, lo que le restó capacidad de inversión. Y entonces, utilizó las utilidades de YPF para invertir en otras sucursales en Angola o Brasil. No tenían como propósito el desarrollo hidrocarburífero de Argentina y por ende, dejó de explorar nuevos yacimientos y desarrollar los ya existentes. Así que la producción del petróleo comenzó a disminuir a partir de 1998 por las menores inversiones y estábamos camino a mantenernos como un país importador de crudo”, recuerda Bronstein.
RETORNO PARCIAL AL ESTATISMO
La situación dio un vuelco en 2006, cuando el gobierno de Néstor Kirchner re nacionalizó YPF con el apoyo del grupo empresarial Eskenazi. Al igual que Repsol, el consorcio se endeudó para comprar una sección de las acciones españolas, pero se acordó que el management volvería a quedar en manos argentinas. Como empresa de capital privado local, YPF nuevamente vio limitado su desarrollo por el endeudamiento, pero tuvo éxitos puntuales como el descubrimiento del yacimiento de Vaca Muerta en 2010.
Dos años después, la administración de Cristina Fernández expropió el 51% de acciones y entonces, YPF impulsó inversiones en el desarrollo de Vaca Muerta. Sin embargo, el carácter ilegal de la medida conllevó las protestas y denuncias de Repsol ante instancias internacionales. Lo que se tradujo que en 2023, la jueza estadounidense Loretta Preska decretase un fallo que obliga al Estado argentino a pagar US$ 16.000 millones a los ex accionistas de la petrolera. Pese a que el gobierno de Milei apeló la medida, no presentó avales por el monto solicitado.
El panorama empeoró cuando Burford Capital, un estudio inglés que adquirió los derechos de litigio de dos ex accionistas, reclamó el embargo de acciones de YPF a fines de febrero. “Lamentablemente, el fallo responde a los principios de la justicia y los argumentos son lógicos para demandar al Estado argentino. Lo mejor sería que las autoridades del gobierno anterior se responsabilicen por lo que hicieron. Pero eso en Argentina no va a pasar”, lamenta Fernández. Por su parte, Bronstein sostiene que si bien el reclamo es justo, “el monto es difícil de calcular en torno a cuánto en realidad se perdió o podrían haber ganado. Entonces, me parece que el fallo tiene cierto condimento político”.
En paralelo, Burford presentó el pasado 28 de febrero un documento de 122 páginas solicitando una audiencia a la justicia estadounidense. El motivo es obligar al Estado argentino que informe sobre una gran cantidad de activos en su poder. No es una petición casual: es el paso previo para identificar bienes posibles de embargar. Hasta entonces, los activos listados oficialmente incluían acciones públicas de YPF en Caja de Valores, cuentas, activos, deudas y transacciones valuados en US$ 1 millón. La lista se extiende hasta abarcar activos de otras empresas públicas como Aerolíneas Argentinas, ARSAT, ENARSA y Banco Nación.
ADIÓS A LOS YACIMIENTOS MADUROS
De vuelta en Argentina, YPF, bajo la flamante presidencia de Horacio Marín, planteó a inicios de marzo, la posible venta de yacimientos maduros. Se trata de 55 áreas convencionales que ya superaron su pico de producción inicial, y ubicados principalmente en las provincias de Chubut, Santa Cruz, Mendoza y Neuquén.
“Hoy YPF quiere liberarse de las áreas muy maduras que hoy en día tienen, porque requieren una inversión adicional. Entonces, hay empresas más chicas que se pueden hacer cargo con una estructura de costos menor. Mientras YPF se dedica al desarrollo de áreas que son más grandes y requieren “espaldas” mayores, pero que además disminuyen el riesgo geológico”, aclara Fernández.
Asimismo, Bronstein señala que muchos de estos yacimientos alcanzan un siglo de antigüedad y su baja productividad se debe al hecho que para una petrolera grande no es rentable invertir en yacimientos que manejan cifras exiguas de 300 barriles diarios. “Es como asignarle a una cadena de supermercados que administre un quiosco: no lo va a manejar bien, porque tiene una estructura de funcionamiento que no es compatible con la escala de lo que vende un quiosco. Y por ende, le sale muy caro”.
La eventual venta de estos activos le permitiría a YPF reinvertir los fondos en la explotación de petróleo de esquisto (shale oil) y gas de lutita (shale gas). Entonces, las miradas apuntan a la Formación Vaca Muerta, ubicada en la cuenca de Neuquén. “Lo más importante es su producción de gas natural. Es indispensable que construyan una planta de licuefacción, porque cuando uno procesa este recurso, aparecen dos formas de transportarlo: a través de un ducto o por medios de transporte. Es algo que aún no pueden hacer”, remarca Jorge Pérez Taiman, abogado peruano especialista en contratos petroleros, para AméricaEconomía.
Aunque la cercanía de Vaca Muerta con Chile permitieron que YPF construyera tres ductos parciales, los vicios económicos de Argentina se impusieron una vez más. “Lamentablemente, los controles de precios que se hicieron en su momento, debido a las políticas populistas de los gobiernos anteriores, impidieron que se hicieran más perforaciones de gas natural y al final, esos ductos terminaron usándose al revés. Chile, que no es productor de gas natural, lo importaba y luego algunos excedentes se nombraban argentinos”, denuncia Pérez.
UN NUEVO PROYECTO Y EL ÚLTIMO REPORTE DE PÉRDIDAS
En cuanto a las reservas petroleras, el pasado 30 de enero, YPF anunció el proyecto Vaca Muerta Oil Sur: un oleoducto de 570 km que transportará crudo desde el corazón de Vaca Muerta hasta la costa de Río Negro, donde se construirá el mayor puerto exportador de Sudamérica. Con tres etapas y una inversión mayor a US$ 2.500 millones, la iniciativa busca potenciar la industria del petróleo de esquisto, algo relegada ante la importancia del gas natural de Vaca Muerta.
“Es un rubro con muchas posibilidades de explotación. Todo depende del precio del crudo. Además, cerca de Vaca Muerta, hay otra formación que se llama Las Montes, que es un poco menor. En términos generales, Argentina hoy produce poco más de 600.000 barriles diarios. En tres años, podría alcanzar el millón y a lo mejor en una década, dos millones de barriles. Mucho se relaciona a que Vaca Muerta disponga de 30.000 kilómetros cuadrados y actualmente, se hayan desarrollado menos de 300. Todavía hay muchos recursos por desarrollar”, adelanta Bronstein.
La última novedad en torno a YPF se dio el pasado 7 de marzo, cuando la compañía reveló su informe financiero de 2023 y este arrojó resultados desalentadores. Se obtuvieron pérdidas por valor de US$ 1.312 millones, cifras que contrastan con los US$ 2.228 millones en beneficios netos alcanzados en 2022. Mientras que el EBITDA y los ingresos en general también registraron caídas similares.
Para Bronstein, los factores de esta tendencia se encuentran en el mercado global y la propia Argentina. Por un lado, los precios del petróleo se estabilizaron tras el estallido de la Guerra de Ucrania. No se puede olvidar el congelamiento de precios de nafta que el entonces ministro de Economía y candidato presidencial del Partido Justicialista, Sergio Massa, aplicó en agosto de 2023. “Por otro lado, hubo una serie de estrategias de desarrollo de exploración en el área de offshore de la provincia de Buenos Aires que también generó inversiones, pero que todavía no arrojaron resultados”, agrega Fernández.
