Por Raymundo Canales de la Fuente, para Excélsior.

Aparece publicado un artículo en los últimos días, en la revista norteamericana JAMA Oncology, en el que se da cuenta de un hallazgo que parece trascendente respecto de las dosis bajas de aspirina, ingerida de forma crónica, por un grupo enorme de mujeres (cerca de 200 mil) asociadas con una importante disminución en la aparición de cáncer de ovario.

Debo señalar que los investigadores subrayan que el efecto solamente se aprecia en mujeres que toman 80 miligramos diarios de aspirina y no entre las que ingieren dosis mayores, por el contrario, las que consumen el fármaco en dosis más altas, combinado con otros analgésicos, parecen presentar el efecto contrario, es decir, un incremento en el cáncer.

La explicación de las razones por las que muchas personas toman dosis bajas de aspirina diarias no es para obtener efecto analgésico, sino porque se ha puesto de “moda” para la prevención del infarto al miocardio.

Las razones por las que se pueden encontrar hallazgos de esta índole en los países desarrollados tienen relación directa con la posibilidad de hacer lo que los médicos llamamos “estudios de cohorte”, que significa, en otras palabras, seguir a lo largo de muchos años a un grupo de pacientes, que aparecen con una condición específica, y se les incluye a todas.

Acá en nuestro territorio nos parece casi imposible hacer estudios de este tipo; tenemos un sistema sanitario fragmentado, ineficaz, con carencias recientes muy graves y poco o ningún apego de las pacientes.

Nadie desea regresar a una institución de salud en la que ha sido maltratado, y la fragmentación sin un expediente clínico único impide dar seguimiento a la evolución de los enfermos.

Por un lado, tenemos coberturas incompletas cuando analizamos cada una de las instituciones sanitarias y, por otro, existe una proporción desconocida de la población con múltiples sistemas de aseguramiento.

Hoy, con los cambios políticos inminentes, se ha mencionado en repetidas ocasiones el asunto de los seguros de gastos médicos para funcionarios públicos, que representan un doble aseguramiento en vista de que todos, por definición, son derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y si pudiéramos conocer los detalles, encontraríamos que muchos de ellos, por diversas razones, son también derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Adicionalmente, cada institución tiene, en archivos de papel, un expediente de cada persona. Lamentable espectáculo que obliga a cada institución, en cada unidad, en cada consultorio, a elaborar una nueva historia clínica cada ocasión en la que acude una paciente; simplemente no hay forma de acceder a los datos previos de nadie.

En ese descompuesto panorama, las empresas privadas de aseguramiento en salud, se apropian de todos los datos que puedan, de todas las personas con la finalidad de negarle el seguro o incrementar el costo de la póliza a personas específicas.

Urge el expediente único. No podremos progresar sin esa piedra angular de cualquier sistema de salud moderno que pretenda arribar a conclusiones como las que señalo.