Analistas ven un potencial generador de corrupción y un factor que podría disparar el mercado negro de algunos productos en la norma, que el gobierno ha presentado como un mecanismo de “transición hacia el socialismo” con el objetivo de atacar la especulación causante de la inflación.

Caracas. La ley de Costos y Precios Justos aprobada por el presidente venezolano, Hugo Chávez, para atacar la especulación plantea problemas de aplicación por engorrosa y porque la economía del país se puede estancar con el control de todos los bienes y servicios de las empresas que operan en el país.

Así indicaron analistas que ven un potencial generador de corrupción y un factor que podría disparar el mercado negro de algunos productos en la norma, que el gobierno ha presentado como un mecanismo de “transición hacia el socialismo” con el objetivo de atacar la especulación causante de la inflación.

La nueva Ley de Costos y Precios Justos que entró en vigor este martes no pretende atacar al sector privado, según explicó el vicepresidente de Venezuela, Elías Jaua.

La norma prevé la creación de un sistema de administración de precios de venta al público y márgenes de ganancia, así como una superintendencia adscrita a la vicepresidencia del gobierno que perseguirá y sancionará a los “especuladores”.

“No creo que esta ley se pueda aplicar; si se aplica, se tranca la economía, porque todos los precios de todos los productos están sujetos a la ley. Sería una gran demora que iría en detrimento de la economía” , dijo a Efe el director de la Escuela Económica de la Universidad Central de Venezuela, José Guerra.

Para el analista, es muy probable que esta ley genere más corrupción pues, en el marco de la norma, se crea un inmenso mecanismo de control llamado “superintendencia de costos y precios” que da poderes “demasiado grandes a los inspectores y superintendentes para fijar los precios”.

“Hay que imaginarse el número de empresas que serán controladas, multiplicado por el número de productos, eso será algo inmanejable” , subrayó el economista, quien duda de que la intención del Estado sea aplicar la ley en toda su extensión pues, a su juicio, existe un interés específico por unas empresas “con nombre y apellido”.

El abogado especialista en Derecho Administrativo, Luis Herrera dijo a Efe que el nuevo instrumento es inaplicable “porque se trata de cientos de miles de productores de bienes y prestadores de servicios que tendrían que pasar por toda esta normativa”.

Herrera coincide en que la intención que hay detrás de la aplicación de esta ley no es controlar “miles de empresas” sino ir directamente a por un sector específico.

“Lo que creo que puede suceder es que ciertas y determinadas empresas, que siempre han tenido un especial interés para el gobierno, sobre todo en materia de alimentos y ciertos servicios, sean las que terminen siendo víctimas de la aplicación de esta ley”, dice Herrera.

El abogado apuntó que este instrumento permite al Estado disponer de la propiedad privada sin que haya indemnización o juicio previo y advirtió sobre la posibilidad de que la ley pueda ser usada como herramienta política “para ser usada contra los enemigos del gobierno (...) algo típico de un autoritarismo”.

Para la economista del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico de Venezuela, Alicia Sepúlveda, la normativa no sólo generará más inflación, sino que también estimulará la creación de un mercado negro de productos que puedan desaparecer en un escenario del control extremo de precios y costos.

Según Sepúlveda, “es un error pensar que la regulación a la rentabilidad implica protección al consumidor, es todo lo contrario, crea mercados negros y escasez que dificultan el acceso a los bienes y servicios y a condiciones que mejoren su calidad de vida”.

El chavismo, sin embargo, justifica la puesta en marcha de las nuevas regulaciones asegurando que de esta forma se defenderán los derechos de los consumidores venezolanos.

El ministro venezolano de Alimentación, Carlos Osorio, dijo este viernes durante un acto oficial que la nueva ley ha sido atacada por la oposición “que no piensa en el pueblo sino en los intereses del capital”.

Por su parte, el diputado chavista Rodrígo Cabezas dijo a la estatal Radio Nacional que esta norma “tiene el objetivo de confrontarse con los monopolios que, carterizando precios, han hecho un grave daño a la economía venezolana y a la familia inflando los precios”.