El proyecto de ley que se debate en la cámara baja, deja la administración a cargo de un gestor estatal, lo que genera desconfianza por parte de algunos parlamentarios.

La buena o mala administración que se haga de los aportes para la jubilación es el eje de la discusión  entre los diputados que analizan el proyecto de la nueva Ley de Pensiones, el cual pone dicha tarea a cargo de una gestora estatal.

“El proyecto dice, en pocas palabras, que los recursos, los más de U$5.000 millones que son de nuestra propiedad, de los que hemos aportado, van a ser administrados por el gobierno, por los empleados del MAS. Ahí está el gran riesgo, porque en algún momento, en función de alguna necesidad coyuntural, estos recursos podrían ser mal utilizados”, declaró a radio Panamericana el diputado de Unidad Nacional (UN), Jaime Navarro.

A criterio del asambleísta, el Ejecutivo “puede echar mano” de los ahorros de los trabajadores. “La propia ley establece que no hay límite para que el Gobierno pueda comprar con esos recursos títulos y valores del Banco Central”, complementó Navarro.

Para Marcelo Elio, diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), la única garantía que ofrecen las actuales Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) privadas es su contrato con el Estado boliviano. “De que van a quebrar o no, no dan ninguna garantía y han habido casos, en algunos países, donde las AFP han quebrado y las pensiones no se pudieron pagar a tiempo”, aseguró el oficialista.

El también presidente de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara Baja mencionó que el Estado pagó a los ahorristas de los bancos que quebraron en el país.

“La mejor garantía es el Estado boliviano y quién mejor que el mismo administre esos recursos con varios controles que van a existir para que sean correctamente manejados”, agregó

Navarro sugirió que los aportes hechos hasta el 2009 los manejen  las AFP y que haya un sistema mixto (público y privado) para los aportes posteriores a ese año.

Prevén sanciones para funcionarios de gestora

La Razón. El  proyecto de la nueva Ley de Pensiones establece la aplicación de sanciones penales para los funcionarios de la Gestora de la Seguridad Social de Largo Plazo en los que se halle responsabilidad por la malversación de los aportes para la jubilación.

“En caso de malversación de fondos en la Gestora, el o los funcionarios responsables, según el proyecto de la nueva Ley de Pensiones, no pasarán a un proceso administrativo, sino penal y hasta podrían ir a prisión”, informó el Ministerio de Economía en una separata publicada ayer.

La publicación da cuenta que las sanciones penales se extenderán a los empleados de alta, media y baja jerarquía de la entidad estatal “con el propósito de castigar también a quienes, conociendo la comisión de una irregularidad en la administración, no la hubieran denunciado a tiempo”.

El mismo mecanismo se aplicará a los funcionarios de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Pensiones (AP), a cargo de supervisar el nuevo modelo.

La separata añade que dentro de la gestora los trabajadores podrán ejercer un control social.