Por el momento la Superintendencia de Control del Poder de Mercado se encuentra en una fase de análisis del mercado, por lo que no hay ningún proceso legal que haya comenzado.

El recién nombrado superintendente de Control del Poder de Mercado del Ecuador, Pedro Páez Pérez, concluyó su visita a China con el objetivo de obtener propuestas e ideas para la agencia antimonopolio del país.

Páez realizó durante la última semana una "gira académica" por universidades de las ciudades de Hong Kong, Chongqing (centro) y Pekín, para conocer de primera mano la experiencia china en este campo.

"Se trata de ver cuáles son las distintas fórmulas de articulación entre la gran y la pequeña empresa, las comunas y las cooperativas agrícolas, así como observar el proceso que ha seguido China para reducir la brecha tecnológica entre las distintas zonas del país", precisó Páez en una rueda de prensa al terminar su gira.

Creada en septiembre, la Superintendencia de Control del Poder de Mercado tendrá la capacidad de intervenir en los casos de concentración de empresas en un mismo sector y restringir sus prácticas, un fenómeno que, según Páez, "es muy latente en Ecuador y genera severos abusos para los consumidores".

Aunque el organismo se encuentra en una fase embrionaria, destacó que los primeros sectores que se someterán a una revisión serán las telecomunicaciones, aerolíneas, la industria alimentaria, la farmacéutica y los textiles.

Sin embargo, no ha querido precisar qué compañías -tanto públicas como privadas- se verían afectadas por el escrutinio de la nueva entidad, que en última instancia podría imponerles una multa de hasta el 12 por ciento de sus ventas anuales.

"Hay que llevar a cabo una campaña de impulso de la competencia en Ecuador para bloquear las estrategias rentistas de ciertos empresarios y al mismo tiempo abrir una dinámica empresarial que ponga énfasis en el desarrollo tecnológico", añadió Páez.

Por el momento la entidad se encuentra en una fase de análisis del mercado, por lo que no hay ningún proceso legal que haya comenzado, un procedimiento que, una vez iniciado, tardaría entre 360 y 480 días a emitir una sentencia.

"La cultura empresarial actual en Ecuador explica las condiciones del país, y hay intereses muy poderosos que quieren evitar que un cambio como el que promulgamos salga adelante", concluyó.