Ministerio de Economía considera que disposición va contra "espíritu" de inclusión financiera

Montevideo. Un usuario de Twitter posteó indignado una imagen de la red de cobranzas de Abitab donde se anunciaba que desde el 27 de junio se habilitaba un nuevo servicio para el cobro y pago para las tarjetas de débito Visa. "En el marco de ley de inclusión financiera, Abitab incorpora como nuevo medio de pago la tarjeta de débito Visa", dice la imagen pegada en uno de los mostradores de atención al público. Sin embargo, al final y resaltado con un color amarillo se advierte: "Visa debitará al cliente 0,35% del monto operado por gastos administrativos".

Uno de los primeros en reaccionar ante ese tuit fue el coordinador de la ley de inclusión financiera del Ministerio de Economía, Martín Vallcorba. "Comparto. En mi opinión, caso de cuentas de sueldo va en contra de lo previsto en la ley de inclusión financiera (artículo 25)", respondió el jerarca en la red social, y precisó que el organismo encargado de controlar la aplicación de la normativa es el Banco Central (BCU).

En el apartado F del artículo 25 de la ley de inclusión financiera, establece que los "instrumentos de dinero electrónico, las tarjetas de débito y los otros medios físicos que sean necesarios para utilizar los servicios previstos en el presente artículo (...) no tendrán costo para el titular. Tampoco lo tendrá su utilización en los comercios".

En el marco de un seminario internacional de sistema financiero regional, El Observador consultó el jueves al presidente del BCU, Mario Bergara, para conocer si estaba previsto que se inicie algún tipo de investigación. El jerarca explicó que estaba al tanto del tema porque vio que surgió en las redes sociales en esa jornada y que se iban a iniciar las investigaciones correspondientes. "Eso lo tiene que estudiar la Superintendencia (de Servicios Financieros), Sistemas de Pagos y Defensa del Consumidor para ver. Si hay una violación de una norma, se le impondrá que cese la conducta o eventualmente se harán las denuncias correspondientes. Vamos a tomar una reacción lo antes posible", aseguró el jerarca.

La medida que comenzó a instrumentar Visa también está vigente para la empresa Red Pagos. Según precisaron fuentes del mercado a El Observador, las redes de cobranzas no tienen participación de ese 0,35% que Visa retiene a sus clientes. "Si un cliente paga una factura de $ 1.000 con tarjeta de débito, la red de cobranza solo retiene ese monto", explicaron.

El Banco República, por ejemplo, tiene como política "no trasladar" a sus clientes el costo que Visa exige por la utilización de su sello en pagos. Sin embargo, los bancos privados sí trasladarán esos costos a los clientes de Visa. En diálogo con El Observador, Vallcorba dijo ayer que los bancos y Visa argumentan que las redes de cobranzas no son un comercio, por tanto, consideran que tienen derecho a cobrar un arancel al cliente. El jerarca indicó que si bien es el BCU el que debe laudar el tema, "es claro que esa disposición va contra el espíritu de la norma", la cual hace hincapié en que el uso de la tarjeta no tenga costo para el usuario.

Fuentes del sistema bancario privado explicaron ayer a El Observador que la primera propuesta que recibieron de las redes de pago para habilitar sus tarjetas hace dos años "estaba lejos de cubrir sus costos operativos". Finalmente, ante el avance de la ley de inclusión financiera, se llegó a un acuerdo que implicó el cobro de un "pequeño arancel" (0,35%) que es para cubrir los costos que Visa le transfiere a los bancos, aseguraron.

Desde ayer quedó operativa una nueva reducción en el arancel máximo de débito que puedan cobrar los emisores de tarjetas, al pasar de 2,35% a 2,2%. Para los pequeños comercios se mantiene el arancel máximo de 2%. Por otro lado, se logró reducir el plazo máximo de pago de los emisores a los comercios por las ventas con débito de 48 a 24 horas.

El Banco Central del Uruguay (BCU) autorizó ayer la extensión de las redes de extracción, al permitir al usuario realizar retiros de efectivo por hasta un máximo de 500 UI diarias ($ 1.719), en establecimientos comerciales no financieros, en oportunidad de compras de bienes y servicios con tarjetas de débito y dinero electrónico. Esa posibilidad –que no regirá para retiros con tarjetas de crédito–, se conoce a nivel internacional como "cash back". Eso permite que todos aquellos comercios que lo deseen y que cuenten con POS puedan ofrecer a sus clientes realizar pequeños retiros de efectivo. Por otra parte, se agilizará y unificará la operativa para los pagos con tarjetas de débito.

Desde ayer, el BCU resolvió que solamente se exija el PIN para las transacciones, sin necesidad de firma o escrituración de dato personal alguno para transacciones que no superan las 5.000 UI ($ 17.190). "Aquellos establecimientos que así lo requieran tendrán plazo para realizar la adecuación tecnológica hasta el 31 de diciembre de 2016", precisó el BCU. El coordinador de la ley de inclusión financiera, Martín Vallcorba, dijo a El Observador que esta medida está enmarcada en la estrategia de extender los puntos de extracción de dinero en todo el territorio nacional que en primer lugar comenzó con los cajeros automáticos, luego se extendió a los corresponsales financieros, y que ahora culmina con los cash back. Al 30 de junio, las autoridades se estimaba que en Uruguay había 50 mil POS.

"La gente se va a animar a manejarse sin efectivo cuando tenga la certeza que en cualquier comercio podrá retirar dinero", explicó el experto. Vallcorba indicó que esta modalidad dará "mayor capilaridad" a la ley de inclusión financiera y permitirá que barrios y pequeñas localidades del interior que no cuentan con un cajero automático o un corresponsal financiero.

El Ministerio de Economía culminó la redacción del decreto que establece un nuevo cronograma para la eliminación del efectivo en las pistas de las estaciones de servicios de todo el país. Desde la pasada medianoche se extendió a todo el país la prohibición de venta de nafta y gasoil con efectivo entre las 22 y 6 horas, informó Martín Vallcorba a El Observador.

Esa medida ya estaba operativa desde el pasado 15 de mayo para las estaciones de Montevideo y Canelones. El jerarca recordó que además de las tarjetas se permiten otros medios de pago como cheques o los sistemas de cuenta corriente que instrumentan algunas estaciones para clientes que tienen empresas de distribución, por ejemplo. En tanto, se extenderá hasta el 1° de noviembre para Montevideo y Canelones, y hasta el 1° de diciembre para el resto del interior la posibilidad de pagar en efectivo durante el horario diurno. Luego de ese plazo solamente se permitirán medios electrónicos de pago, cheques u instrumentos que no utilicen el efectivo.

Por otra parte, se habilitó cierta "flexibilización" con el efectivo en las ventas de los autoservicios de las estaciones. Se permitirá compras en efectivo por montos no mayores a $ 300. Para ello se exigirá que el establecimiento cuente con una caja fuerte o un cofre de seguridad a no más de dos metros de la caja. El cofre deberá contar con disposiciones de seguridad como una ranura para billetes, abertura en un tiempo no inferior a siete minutos y llave doble paleta.

La caja, por su parte, no podrá tener un monto superior a los $ 900. Vallcorba accedió a esta solicitud luego de una evaluación realizada con el Ministerio del Interior y la Unión de Vendedores de Nafta (Unvenu) sobre la primera fase de la implementación del efectivo para "compatibilizar" el objetivo de dar una mayor seguridad sin alterar el desarrollo del negocio de las estaciones. "El balance viene siendo muy positivo porque se logró una reducción total de los robos en el horario nocturno", resaltó.