De prosperar esta iniciativa, cualquier comercio que hoy acepta medios electrónicos –en Uruguay hay más de 40 mil POS– podría transformarse en un punto de extracción de efectivo.

Montevideo. Tarjeta de débito en mano, hoy una persona puede efectuar el pago de lo que compra en un número creciente de comercios de Uruguay. Pero, si triunfa una iniciativa del gobierno, ese plástico le servirá también para realizar extracciones de dinero en esos mismos comercios. El Ministerio de Economía (MEF) y el Banco Central del Uruguay (BCU) están trabajando para que los establecimientos que tengan POS –las terminales que procesan estas operaciones– queden habilitados para hacer entregas de pequeños montos de efectivo.

Si bien aún no está definido cómo será en el caso uruguayo, explicó el coordinador del Programa de Inclusión Financiera del MEF, Martín Vallcorba, esta modalidad en el mundo está asociada a una compra. Así, del mismo modo en que con un billete de $ 1.000 se puede realizar una compra de $ 300 y obtener un vuelto de $ 700, se podrá pagar directamente con la tarjeta de débito los $ 300 y pedir que se entreguen $ 700 en efectivo.

"Es una modalidad análoga al vuelto, pero que implica el retiro de estas cantidades directamente de la cuenta", indicó Vallcorba. De acuerdo a la normativa del BCU que rige hoy, para poder brindar este servicio de entrega de efectivo contra los saldos que la persona tiene en su cuenta se debe ser corresponsal financiero. Esto lleva una serie de requisitos y condiciones establecidas por el regulador.

Vallcorba dijo que están analizando "la posibilidad de flexibilizar ese criterio y habilitar que se pueda brindar el servicio de extracción de efectivo para montos pequeños aun sin ser corresponsal financiero". Todavía, añadió, no se ha discutido qué cantidad de dinero se podría retirar.

De prosperar esta iniciativa, cualquier comercio que hoy acepta medios electrónicos –en Uruguay hay más de 40 mil POS– podría transformarse en un punto de extracción de efectivo.

No se trataría de una obligación, explicó Vallcorba, sino de un "servicio adicional" que podrían brindar los comercios, si así lo quisieran. Además, añadió, reduciría la cantidad de efectivo que el comerciante tiene en su caja, lo que contribuiría a "mejorar las condiciones de seguridad" del local.

De forma paralela, el MEF también está trabajando para facilitar y promover la extensión de los corresponsales financieros. Esta figura –considerada fundamental para lograr una amplia penetración territorial de los servicios financieros– permite que los bancos generen bocas de salida para canalizar sus productos, sin tener que recurrir a la apertura de una nueva sucursal.

Pero había un obstáculo para su proliferación. Las normativas de seguridad del Registro Nacional de Empresas de Seguridad (Remaense), que fueron diseñadas para las redes de cobranza –especializadas en la prestación de servicios de cobros y pagos por cuenta de terceros– también se estaban aplicando para todo comercio que quisiera operar como corresponsal financiero. Esto, dijo Vallcorba, restringía la cantidad de interesados, porque los requisitos de seguridad eran "muy importantes".

Este escollo se sorteó con la aparición de un decreto –fechado en julio de este año–, que estipula que esos requisitos de seguridad solamente deben cumplirse cuando la actividad principal que desarrolla el comercio es el servicio de cobro y pago por cuenta de terceros. Esto, a juicio de Vallcorba, facilitará "la ampliación de la cantidad de comercios que operan como corresponsales". Actualmente, son las redes de cobranza y algunas cadenas de supermercados –como Tienda Inglesa y El Dorado– quienes apostaron a esta modalidad.

"Se utiliza mucho en otros países para que en localidades pequeñas o alejadas algún comercio desarrolle esas actividades y permita contar de esa forma con un punto de acceso a los clientes a esos servicios financieros", señaló Vallcorba.

El coordinador del Programa de Inclusión Financiera del MEF comentó que aguarda la firma del presidente un decreto que prorrogará la entrada en vigencia de ciertos aspectos de la ley de inclusión financiera.

Se trata de las restricciones al uso de efectivo para el pago de operaciones que superen las 40 mil unidades indexadas (UI); pagos con cheques que superen las 160 mil UI; la compraventa de inmuebles y la de automóviles también por más de 40 mil UI.

En un principio, se había estipulado que esto empezara a aplicarse desde el 1° de diciembre próximo, pero este decreto de inminente aparición lo aplazará hasta el 1° de junio del año próximo. En enero sí comenzará a exigirse el pago con medios electrónicos de ciertos tributos.