En Bruselas se celebra otra ronda de negociaciones sobre un tratado de libre comercio entre la UE y EE.UU.

La Unión Europea (UE) y Estados Unidos negocian, desde hace ya tres años, una Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP, por sus siglas en inglés). En Bruselas, se celebra la 14a. ronda de negociaciones, con importantes desacuerdos por resolver.

Entre los temas de discordia se cuentan los en Europa (y especialmente en Alemania) polémicos tribunales de arbitraje, ante los cuales los inversores pueden demandar a los Estados cuyas leyes afecten sus “legítimas expectativas”.

Está por ver si las partes pueden llegar aquí a un arreglo como el conseguido para el Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA, por sus siglas en inglés) entre la UE y Canadá, en el que ambas partes convinieron en sustituir los inicialmente previstos tribunales privados de arbitraje por un tribunal permanente.

Por decidir están también las normas para licitaciones públicas, o sea, para contratos adjudicados por los gobiernos y comunas. Se trata de mucho dinero, dice Laura von Daniels, de la Fundación Ciencia y Política (SWP), en Berlín: “Dentro de la Unión Europea, los contratos públicos representan el 16 por ciento del producto interno bruto; en Estados Unidos, hasta el 12 por ciento.”

“Buy American”. Los europeos se sienten injustamente tratados: “Los EE.UU. incorporaron una cláusula ‘buy American' en sus programas económicos,” dice von Daniels y explica: “Si no hay una razón de peso que lo contradiga, los contratos deben adjudicarse principalmente a proveedores estadounidenses.”

De ahí que la UE inste a la mayor apertura posible. Pero no está claro si los negociadores estadounidenses pueden hacer concesiones a los europeos en este punto. "En EE.UU., se discute sobre si el gobierno de Washington tiene competencias para definir, en un acuerdo internacional vinculante, cómo los gobiernos estatales y locales adjudican sus contratos públicos", abunda la investigadora de la SWP.

Y tampoco hay acuerdo en otro punto que caldea los ánimos, sobre todo en Europa: ¿Tendrán que estar especialmente etiquetados aquellos alimentos que contienen organismos genéticamente modificados? En materia de protección al consumidor, los europeos siguen el llamado principio de precaución. En pocas palabras: si se sospecha que algo puede ser perjudicial, debe estar –en el mejor de los casos− prohibido o al menos identificado. En Estados Unidos, se sigue el principio de cientificidad: si no hay evidencia científica de daño, se permite.