La separación no le permite al país sacudirse de la veintena de arbitrajes que enfrenta por la nacionalización de activos de empresas transnacionales, pues las causas abiertas hasta el 25 de julio deben continuar su curso hasta que se emita un resultado definitivo, el cual Venezuela debe aceptar.

El 25 de enero, Venezuela formalizó la denuncia “irrevocable” del convenio por medio del cual se creo el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), alegando la protección del “derecho del pueblo venezolano a decidir las orientaciones estratégicas de la vida económica y social de la nación”.

El gobierno venezolano defendió esta decisión, formalizada este miércoles 25, cuestionando que esa jurisdicción internacional “ha fallado 232 veces a favor de los intereses transnacionales en las 234 causas que ha conocido a lo largo de su historia”.

No obstante, varios analistas consultados por Efe, aseguran que la salida del Ciadi no supondrá el final del recurso al arbitraje en casos de controversias, como es el caso de Ecuador y Bolivia que han afrontado casos luego de que formalizara su retiro en 2007 y 2010, respectivamente.

El abogado Roland Petterson (experto en arbitraje, negociación y mediación) explicó que con este retiro no se evitará que sean presentadas demandas contra Venezuela y además recordó que la jurisdicción del Ciadi no sólo se aplica por el convenio, sino cuando se haya suscrito un contrato o un tratado bilateral de inversión que incluya una cláusula Ciadi. Por lo tanto, remarcó, es “el tipo de contrato” suscrito entre el particular y el Estado el que determina el ámbito de resolución de conflictos.

El experto Javier Manstretta aseguró al diario La Verdad que la separación no le permite al país sacudirse de la veintena de arbitrajes que enfrenta por la nacionalización de activos de empresas transnacionales, pues las causas abiertas hasta el 25 de julio deben continuar su curso hasta que se emita un resultado definitivo, el cual Venezuela debe aceptar.

Decisión. “Si se toma una decisión contraria a la nación y el gobierno se niega a cancelar la condena que dicte el tribunal internacional, se podría ejecutar un embargo de los bienes de la República que se encuentren en cualquiera de los países que integran el Ciadi”, recordó Manstretta.

Victorino Tejera, también experto en el tema, indicó a Efe que la decisión de salir del Ciadi hace “más difícil” y “más cara” la inversión extranjera en Venezuela. “El riesgo país sube”, expresó.

Por otra parte, el vicepresidente de la Comisión de Política Exterior, Soberanía e Integración del Legislativo venezolano, Jesús Cedepa, indicó que el país defiende un modelo “proclive a la construcción de un socialismo” basado en su realidad, lo cual implica que se revisen todos sus tratados. A decir del legislador, el Ciadi —al igual que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh)— “no tienen funcionalidad orgánica para Venezuela, salvo los intereses que ellos defienden”, de transnacionales y la derecha internacional, sostuvo.

Opciones. En los mecanismos de integración regionales, agregó, “hay los respectivos protocolos” que garantizan la relación comercial entre los países que están fuera del BM y el FMI.

Para la catedrática y ex magistrada Hilderga Rondón, en los actuales procesos se enfrenta “un sistema jurídico” con tribunales arbitrales generalmente “constituidos por abogados proempresarios” y Venezuela, al estar suscrita al Ciadi, recibió ataques “por todos lados, con sumas astronómicas” por su política de nacionalización, dijo.

Por ende, afirmó, el país debe buscar alternativas como la conformación en el marco de la Unasur de tribunales permanentes para dirimir estas controversias y sentar jurisprudencia al respecto.

Se añaden dos nuevos arbitrajes. Debido a la normativa del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), el gobierno venezolano tuvo seis meses para su separación de este tribunal, plazo en el que se interpusieron dos nuevos reclamos en contra del Estado: uno del grupo francés Saint-Gobain Performance Plastics (en junio) y otro de la minera ruso-canadiense Rusoro (en julio). Diario La Verdad

Rechazan política internacional. La oposición venezolana se pronunció en contra de que Venezuela se retire de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) y además denunció que con esta medida el Gobierno elimina el derecho a ser protegidos de “los más necesitados”.

“Vemos una vez más cómo el gobierno pretende quitarles a los venezolanos, sobre todo a los más necesitados e ignorados por el Sistema de Justicia, su derecho a ser protegidos ante las instancias internacionales” como el Cidh, cita un comunicado del equipo de campaña del candidato Henrique Capriles.

Desde el punto de vista político y “ante las reiteradas violaciones de los convenios, tratados, compromisos y obligaciones internacionales”, añade el documento, “el retiro de la Cidh representa el aislamiento del país frente a la comunidad internacional mayor al que ya venimos presentando”. Ésta, se indica, pueda ser la excusa para que se produzcan acciones “que atenten en contra del ejercicio de los derechos humanos”.