Ministerio uruguayo se inspira en el modelo adoptado por Argentina, que definió una nueva reducción en los aranceles de crédito y débito hasta 2021, luego de un acuerdo que negoció entre los emisores y las cámaras empresariales.

Uruguay. Los cuestionamientos de las gremiales de pequeños y medianos comerciantes de todo el país por los costos que le fijan los sellos de las principales tarjetas de crédito y débito han copado la agenda del sistema de pagos en momentos donde el uso de los plástico se afianza a pasos de gigante.

Las medidas no se han limitado a cuestiones retóricas. Desde las cámaras empresariales del interior ya se impulsa un plebiscito para derogar la ley de Inclusión Financiera; o la última determinación que tomó esta semana la Unión de Vendedores de Nafta (Unvenu) de no aceptar plásticos entre las 6 y 22 horas a partir del 1° de abril.

En medio de esa protesta, que conspira en contra del plan de sustitución del efectivo que pretende el gobierno, distintos sectores políticos –incluido el oficialismo– han sacado a la luz proyectos de ley para regular y/o topear los aranceles que cobran los emisores, en conjunto con los bancos de la plaza financiera.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha rechazado ese camino por considerarlo "inconveniente" ya que entiende que la regulación puede provocar efectos no deseados en la consolidación de la inclusión financiera.

En ese contexto, el coordinador de la ley de Inclusión Financiera del MEF, Martín Vallcorba, dijo que su cartera "comparte el camino y la estrategia" que recorre el gobierno argentino, que definió una nueva reducción en los aranceles de crédito y débito hasta 2021, luego de un acuerdo que negoció entre los emisores y las cámaras empresariales.

En ese sentido, el jerarca comentó que en el caso de Uruguay se proyecta llegar en el transcurso de este año a la última etapa del cronograma que se había negociado en 2012 con los emisores de sellos, los bancos privados y el BROU, que permitirá reducir el arancel máximo de débito a 1,5% (hoy está en 2,2% en general y 2% para pequeños comercios).

El acuerdo también alcanza al crédito, cuyo tope está hoy entre 4,5% a 4,9%. "La idea es seguir por ese camino con una segunda etapa de profundización de rebaja de aranceles como acaba de anunciarlo Argentina", adelantó Vallcorba.

Si bien todavía no se han fijado fechas para iniciar una nueva mesa de negociación con los actores involucrados, una vez que se cumpla o se esté cerca de cumplir la meta del pacto de 2012, desde el MEF se buscará avanzar en una nueva etapa para reducir el costo que deben pagar los comercios por utilizar plásticos.

Durante el segundo semestre del año pasado se realizaron 33,6 millones de operaciones con tarjetas de débito por US$ 1.402 millones, un incremento del 31% sobre el primer tramo de 2016 y de 65% en la comparación interanual.

En tanto, en caso de los plásticos de crédito, las transacciones sumaron US$ 2.616 millones, con una expansión de 6% sobre el semestre enero-junio y de 3% sobre igual período del año anterior, según el último reporte de Pagos Minoristas que divulgó el Banco Central.

Abuso y opacidad. El Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines del Uruguay (Cambadu) comenzó a trabajar en la presentación de una denuncia por posible abuso de posición dominante y colusión de emisores de tarjetas ante la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia del MEF.

Los comerciantes plantearon su preocupación respecto a qué grado de ilegalidad puede presentar el hecho de que se les obligue a aceptar determinados aranceles que se considera "son altos", además de la imposibilidad de cobrar precios diferenciales entre los pagos al contado y los pagos a crédito, porque hay cláusulas en los contratos con los proveedores de las tarjetas que lo impiden. Otro de las argumentos manejados por los comerciantes es que cuando se plantean diferencias con los contratos, las tarjetas actúan de manera "corporativa", lo que podría dar lugar a "una acción gremial colusoria".

Vallcorba admitió que una de las debilidades del sistema de pagos es la "opacidad" que opera en la fijación de aranceles por parte de los emisores, por eso solicitó al Banco Central que recabe información para conocer la dispersión precisa que existe entre los mínimos y máximo en las transacciones con débito y crédito.