Esta semana se reunirán, de nuevo, ambos países para discutir cuáles serán las normas técnicas que deben cumplir las exportaciones colombianas, otro de los líos en la relación comercial.

Las diez horas que tardó el encuentro de la semana pasada entre la ministra de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, Cecilia Álvarez-Correa, y su homólogo ecuatoriano, Francisco Rivadeneira, no dejaron un acuerdo sobre la salvaguardia del 21% impuesta por el gobierno de Correa, y las negociaciones siguen en arenas movedizas.

El “nada está acordado hasta que todo esté acordado” (una expresión del presidente Santos sobre el proceso de paz, y que la viceministra de Comercio, Mariana Sarasti, toma prestada) tiene en el aire el gran avance de la reunión en la que el país vecino admitió que las materias primas, bienes de capital e insumos —que representan el 40% de los productos colombianos que entran a Ecuador— quedarán eximidos del arancel.

Asimismo aplicará el valor de Nación Favorecida a una serie de productos, es decir, recibirán el mismo trato arancelario del país que paga menos al ingresar productos a Ecuador.

Esta semana, la viceministra Sarasti tendrá el reto de negociar las normas técnicas, que son los requisitos para que el producto colombiano pueda ingresar a Ecuador, y que han generado tensión entre los empresarios locales y Ecuador porque se convirtieron en una barrera no arancelaria para la exportación.

Según datos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en 2014 estas medidas hicieron que el comercio hacia Ecuador cayera un 7%.

“Como Ecuador no tiene moneda local, no puede emitir. El problema es que los dólares se les van cuando importan y si disminuyen esta operación, baja la cantidad de dólares que se van de ese país. Por eso están empeñados en disminuir las exportaciones”, dijo Sarasti.

No tiene sentido que, mientras el Gobierno colombiano enfoque una política industrial para crear mil empresas nuevas que exporten de manera permanente, se pierdan otros mercados, sobre todo en el caso de las exportaciones no tradicionales, de las que Ecuador representa el 11% y a donde el 35% de las firmas del país ponen sus productos.

Sin embargo, y allí radica la complejidad de la discusión, el país vecino en los últimos años ha expedido más de 200 reglamentos técnicos que exigen a los productos colombianos estándares extremadamente altos y sin plazos de implementación, según la cartera de Comercio.

Para el presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), Javier Díaz, “la idea es poder homologar certificaciones, porque buena parte de las trabas está en que los productos colombianos no cumplan con las normas”.

En este momento, por exigencia del gobierno de Ecuador, los productos colombianos deben tener certificación de origen en el etiquetado, y los alimentos, información nutricional, medidas que aunque la mayoría de empresas cumplen, representan un costo adicional, así como otros trámites que no en todos los casos los productores pueden hacer.

“Nos parece complicado es que las medidas del país vecino se impongan sin períodos de transición y ahí el gobierno de Ecuador, aclarando que nosotros respetamos las decisiones que tomen los países, debería dar tiempos, sobre todo para aquellos productos que ya están en tránsito aduanero”, afirma la directora ejecutiva de la Cámara Colombo-Ecuatoriana, Oliva Díaz-Granados.

El hecho de que el país que gobierna Rafael Correa esté dolarizado hace más difícil un acuerdo, porque con su enfoque industrial se espera que Ecuador consiga mayor inversión extranjera y producción local.

Entonces, mientras el gobierno de Colombia quiere defender sus exportaciones no minero-energéticas, Ecuador, explica Díaz-Granados, “está tomando una decisión económica coherente para salvaguardar su economía. Si no lo hiciera, ese país en dos o tres años estaría en quiebra. Correa está tomando decisiones difíciles para los colombianos, pero coherentes con su situación.