Así lo destaca el informe que la OMC ha preparado para debatir este miércoles y el viernes durante el cuarto examen de las políticas y prácticas comerciales de Argentina, correspondiente al periodo 2006-2011, en el que también se analiza un documento del gobierno.
La OMC alertó sobre aumento en el uso de restricciones de tipo no arancelario en el régimen comercial de Argentina y sobre "cierta opacidad" en las políticas del Gobierno.
La Organización considera que esto es debido a la "aparente falta de transparencia" en la aplicación de algunas medidas.
Así lo destaca el informe que la OMC ha preparado para debatir este miércoles y el viernes durante el cuarto examen de las políticas y prácticas comerciales de Argentina, correspondiente al periodo 2006-2011, en el que también se analiza un documento del gobierno.
El examen, al que se someten periódicamente todos los países miembros de la OMC, llega en un momento en el que Argentina está en el ojo del huracán, acusada por varios socios de aplicar medidas de restricción al comercio, principalmente a través de licencias para la importación, supuestamente contrarias al espíritu de este organismo.
En este sentido, la Organización Mundial del Comercio señala que los procedimientos de importación en Argentina han sufrido algunos cambios con la introducción en febrero de 2012 de la Declaración Jurada Anticipada de Importación (DJAI) para todas las importaciones para consumo y la eliminación de la Licencia Automática Previa de Importación (LAPI) a partir de septiembre de 2012.
Además, agrega, para importar determinados productos "aún se exige la inscripción del producto y/o del importador en un registro específico, lo que ha sido denunciado por varios países".
También la estructura del arancel argentino ha sufrido un cambio importante a raíz de la eliminación en 2010 de los derechos de importación específicos mínimos (DIEM) que afectaban el 8 % del total de líneas arancelarias, indica el informe.
Según la OMC, la protección arancelaria a partir de 2006 ha aumentado, desde un promedio aritmético del arancel de nación más favorecida (NMF) del 10,4 % en 2006 al 11,4 % en 2012.
A esto hay que sumar que Argentina continúa gravando la mayor parte de las importaciones con una tasa de estadística del 0,5% del valor en aduanas con un máximo de 500 dólares o con una tasa de comprobación de destino de un máximo del 2 % del valor en aduanas.
Las importaciones pueden requerir licencias automáticas o no automáticas, con un incremento del número de productos afectados, si bien con la eliminación de la LAPI el número de líneas arancelarias sujetas a licencia automática se redujo sustancialmente.
El informe constata que el uso de licencias no automáticas se incrementó entre 2006 y 2011 sobre todo para materias textiles y sus manufacturas, así como para máquinas y aparatos.
Argentina es uno de los países miembro de la OMC que más recurre a medidas antidumping, es decir, a tarifas que gravan las importaciones de un producto cuyo precio de exportación es inferior a lo que se considera como su "valor normal" (generalmente, el precio del producto en el mercado interno del país exportador).
La OMC subraya también que a pesar de que uno de los objetivos de la política argentina es promover las exportaciones, "su régimen comercial impone mecanismos para controlarlas para así asegurar el abastecimiento del mercado interno y la estabilidad de precios".
"También continúa aplicando derechos de exportación, que se utilizan como un instrumento para atenuar el efecto de las modificaciones cambiarias sobre los precios internos, especialmente en lo relativo a productos esenciales de la canasta familiar y como medida de carácter fiscal para financiar el gasto público".
Asimismo, Argentina implementa "una política de regulación de precios para incentivar el consumo, fortalecer la producción nacional y promover una mejora de la distribución del ingreso".
El Gobierno de Buenos Aires expuso, por su parte, que en el periodo objeto de examen ha profundizado el modelo de crecimiento económico con inclusión social y mejora de la competitividad.
Eso se ha basado en un afianzamiento del desarrollo productivo "mediante una mejora sustentable y genuina de la competitividad, a partir de la generación de empleo de calidad y la favorable evolución de las condiciones de vida de la población".
"Aún en un contexto internacional desfavorable, caracterizado por la crisis internacional iniciada en 2008, las acciones implementadas por nuestro país tuvieron como resultado elevadas tasas de crecimiento económico y mejoras sustanciales de los indicadores sociales, a partir de una fuerte política de recuperación de salarios y fortalecimiento de la demanda interna", afirma el texto.
Esta política redundó también, según Buenos Aire, en un crecimiento de la actividad, un crecimiento de la demanda interna y un mejor y mayor abastecimiento de los mercados externos.
El crecimiento sostenido de las exportaciones permitió a su vez "generar un superávit comercial que favoreció el equilibrio de la balanza de pagos y la sustentabilidad de la política económica".
