Está previsto que el pleno del Parlamento Europeo someta a votación el próximo 29 de enero el acuerdo que la UE y Johnson alcanzaron en octubre, en una votación que se resolverá por mayoría simple pero que no tendrá lugar si Westminster no aprueba el pacto antes de esa fecha.

Bruselas. El pleno del Parlamento Europeo ha advertido este miércoles de que sigue teniendo dudas respecto a la protección de todos los derechos de los ciudadanos europeos en Reino Unido cuando este país abandone la Unión Europea el próximo 31 de enero, por lo que ha pedido más garantías para dar su visto bueno al acuerdo de divorcio.

La Unión Europea y el primer ministro británico, Boris Johnson, lograron un acuerdo el pasado octubre para asegurar una salida ordenada de Reino Unido del club comunitario, con algunas variaciones respecto al logrado por Theresa May, pero necesita aún la aprobación de la Cámara de los Comunes y de la Eurocámara para que sea efectivo.

Está previsto que el pleno del Parlamento Europeo lo someta a votación el próximo 29 de enero, en una votación a mano alzada que se resolverá por mayoría simple pero que no tendrá lugar si Westminster no aprueba el pacto antes de esa fecha.

En una última resolución antes de esa fecha, los eurodiputados han advertido en el pleno de Estrasburgo (Francia) de que persisten las dudas sobre algunos de los compromisos británicos, en especial en cuanto al modo de garantizar que los europeos que ya viven en Reino Unido y sus familiares conservarán los mismos derechos tras la separación.

La posición europarlamentaria --aprobada por 610 votos a favor, 29 en contra y 68 abstenciones-- señala entre las principales preocupaciones el registro para europeos diseñado por Reino Unido y que no se ofrezca un documento físico como prueba del derecho a residencia.

También critican las trabas y asistencia deficiente que se ofrece a los ciudadanos que necesitan utilizar este sistema y cuestionan la nueva autoridad independiente del Reino Unido prevista en el acuerdo de retirada.

Los eurodiputados piden un mecanismo conjunto para verificar con Reino Unido la correcta aplicación de todas las disposiciones, al tiempo que apuntan la conveniencia de que por parte de existan campañas informativas y de sensibilización.